La fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz, a cargo de la investigación del caso Hermosilla, solicitó en tres oportunidades al 4° Juzgado de Garantía acceder a datos confidenciales de once periodistas de cinco medios de comunicación.

La información, revelada por Reportea.cl, es de la máxima gravedad. Afortunadamente, el tribunal y, en segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazaron la petición. Pero la sola solicitud evidencia un preocupante desconocimiento de la Ley de Prensa y un intento de vulnerar la libertad de expresión.

La fiscal sabía —o debía saber— que acceder a los teléfonos de los periodistas, junto con sus movimientos y contactos, habría implicado revelar las fuentes con las que obtienen información, pasando por alto el secreto profesional protegido por ley.

Nunca conoceremos las verdaderas motivaciones de la fiscal, pero resulta indiscutible que el Ministerio Público, convertido en un cuarto poder sin mayores contrapesos, tiene el deber de resguardar las normas que sostienen nuestra democracia, no de ponerlas a prueba.

Publicada en El Mercurio.