Operativos policiales repelidos a tiros, un periodista y su camarógrafo lesionados a bala tras una entrevista, quemas diarias de maquinaria y camiones, trabajadores y mapuches heridos. Y también muertos. Encapuchados resguardando los funerales con escopetas y hasta una M16, que bien se la habrían querido Sylvester Stallone o Al Pacino en Caracortada. Sin embargo, no se trata de una película, aunque bien podría dar para guion.

Se trata del clima de violencia que se vive a diario en la Araucanía, una zona que se ha convertido en tierra de nadie, ante la mirada inútil del Estado y los gobiernos, incapaces de solucionar o siquiera avanzar en algún tipo de salida a la crisis.

Y fue en este enredo en el que no se quiso meter la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, cuando fue consultada en una entrevista respecto de la violencia en la Macro Zona Sur. Ahí, dijo que no tenía el “estándar de Mandela” para pedir que se bajen las armas y luego explicó que “el Gobierno tiene la responsabilidad política, ética, histórica y moral de resolver el problema. Por eso, dije que no estaba en la circunstancia de Mandela, porque no soy Gobierno”.

Y es cierto. Efectivamente no es su responsabilidad liderar la solución de ese conflicto y probablemente ninguno de quienes hoy vivimos en este país, ni tampoco quienes lo lideran, tiene la estatura moral de Nelson Mandela. Pero eso no nos convierte en eunucos políticos.

Porque quienes hoy tienen puestos de responsabilidad tienen el deber moral, político y ético precisamente de avanzar en lineamientos que puedan permitir siquiera visualizar una luz al final del túnel.

Elisa Loncón, como presidenta del poder constituyente, que –entre otros temas- deberá hacer frente a esta temática en lo que será la nueva Carta Fundamental, tiene una responsabilidad ahí. Mucho más cuando fue elegida precisamente en un cupo reservado para pueblos indígenas. Así, sin tener la obligación política de encontrar una solución, sí tiene el deber –como representante del pueblo- de al menos referirse a aquello, condenar la violencia, venga de donde venga y pedir que las armas no sean la forma de enfrentar la crisis.

El problema es profundo. Tiene que ver con la mirada de nuestros ancestros, con el respeto, con la deuda histórica, pero también con la forma en la que como sociedad solucionamos los conflictos. Tiene que ver asimismo con lo que entendemos por violencia y con el consenso democrático respecto de quién tiene el monopolio del uso de las armas.

El concepto de “triángulo de la violencia”, acuñado por el sociólogo y matemático Johan Galtung intentó representar cómo se comporta la violencia en los conflictos sociales. El académico aseguró que la violencia es como un iceberg, donde el conflicto visible es solo una parte de la situación, la que se explica por lo que está bajo la superficie.

En ese sentido, Galtung afirma que para solucionar un conflicto se requiere actuar tanto ante la “violencia directa”, que es la visible, como ante la “violencia estructural” que tiene que ver en el conjunto de elementos que no permiten la satisfacción de las necesidades y la “violencia cultural”, que plantea un marco legitimador de estas situaciones. Para enfrentarlo, el académico asegura que se debe actuar sobre los tres tipos, de manera de no quedarse solo en la superficie, sino abarcar el fondo.

El problema en este tema el Estado y los sucesivos gobiernos han fallado en los tres niveles. No ha habido voluntad de enfrentar ni la violencia directa, ni los elementos que subyacen como injusticias en contra del pueblo mapuche ni tampoco la violencia cultural. Y el silencio de Elisa Loncón lo que hace es intentar dar un paso al costado, en circunstancias que no se entienden. Por una parte, porque plantea que no tiene la estatura para pedir que se bajen las armas, postura que ciertamente puede tomar desde el pedestal que le da la presidencia de la convención, pero además porque desde ese mismo púlpito sí se ha referido a la violencia en otros ámbitos, como el estallido social.

Cuando la convención cumple su primer mes de funcionamiento, tanto su presidenta como el pleno en sí deben tomar una decisión: o entran de lleno en los temas polémicos, pero fundamentales para el Chile de hoy, haciéndose cargo de su estatura como poder del Estado emanado de la ciudadanía o se mantiene derechamente al margen de todos ellos, en una especie de burbuja en la que solo se concentran en el mandato de crear la nueva Constitución. La decisión no puede ser antojadiza ni ambigua.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.

Karen Trajtemberg