Cuando se habla de crisis, se entiende que hay un problema grave, que requiere solución rápida y efectiva. En la misma línea, si alguien utiliza la palabra “humanitario”, sabemos que se relaciona -como afirma la Real Academia de la Lengua Española- con “el bien del género humano” o con “aliviar los efectos que causan la guerra u otras calamidades en las personas que las padecen”.

Todo lo descrito tiene algo en común: calza perfectamente para explicar lo que están viviendo miles de personas migrantes en la frontera norte de Chile y Perú, en la medida en que intentan salir de nuestro país para volver al propio… Lo que no pueden hacer sin pasar por la nación vecina, que -a su vez- se niega a dejarlos entrar.

Es una crisis humanitaria en toda la profundidad que conlleva esa frase, pero además, algo que podría haberse evitado -o morigerado, al menos- si nuestro país se hubiera concentrado -unitariamente- en legislar y ordenar la llegada de extranjeros seriamente. No para el slogan y la campaña fácil. Y aunque toda la clase política ha cerrado los ojos como niño, para ver si el problema desaparece solo, lo cierto es que su gravedad aumenta exponencialmente.

Se trata de una realidad dramática, que se arrastra hace tiempo. Las dificultades no empezaron el 11 de marzo de 2022 ni la llegada de extranjeros se inició cuando Gabriel Boric recibió la chapa de O´Higgins. Pero hoy él debe buscar urgentemente la forma de encontrar una salida, aunque la tardanza en hacerse cargo de la regulación en el proceso migratorio, es una herencia cuyo efecto es que el problema siga escalando y que una solución indolora sea cada vez más difícil.

Porque en Chile no teníamos el concepto de “crisis migratoria” en el vocabulario político. En Latinoamérica no lo habíamos tenido en esta magnitud y ahora parece que no entendemos el fenómeno. Por lo mismo, ni los estados están preparados, ni las políticas públicas, ni la infraestructura ni incluso parte de la ciudadanía, que todavía enarbola frases racistas y clasistas increíbles en el siglo XXI.

Los datos hablan de 1,4 millones de extranjeros que llegaron a Chile hasta 2021, lo que incluye a quienes están en situación regular o bien acceden a algunos beneficios que los ponen en el radar público. Pero los que están completamente irregulares, simplemente no existen.

Y hoy muchos ven pasar las horas en la desértica e inhóspita frontera entre Chile y Perú, aunque nadie los vea a ellos. Entonces, cuando autoridades peruanas aprovechan de generar un flanco diplomático a partir de la grave crisis humana, y el gobierno de Boric -igual que el anterior- siguen demorando e ignorando la necesidad de modernizar la política migratoria, en la Línea de la Concordia hay niños, niñas, mujeres y hombres que lo están pasando mal. No es un dato estadístico, un porcentaje o un slogan de campaña. Son pequeños y grandes humanos viviendo un infierno que nadie debiera sufrir por el solo hecho de querer aspirar a una vida mejor. Porque, aunque a algunos les cueste entender, no vinieron precisamente de vacaciones. Llegaron buscando sobrevivir.

Además, la Declaración Universal de DD.HH. de Naciones Unidas establece que la migración es una facultad de todo ser humano y que todos y todas pueden “circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Pero también afirma que esta garantía incluye el “salir de cualquier país y regresar” a su origen.

A la luz de aquello entonces, más que emitir declaraciones acusatorias y llamar a consulta a embajadores, la urgencia hoy debiera movilizar a ambos países -incluyendo todos sus poderes nacionales y locales- en la forma de resguardar esos derechos, sobre todo cuando se incluye a niños y niñas. La negligencia no tiene cabida en esto, porque más que política o ideología, se trata del dolor humano y de un concepto en retirada: empatía.

PD. En una semana más estaremos eligiendo a los miembros del Consejo Constitucional. ¿Cuántos se comprometerán realmente con la situación migratoria?

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.

Karen Trajtemberg