“La autoridad debe dar el ejemplo”, dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, a propósito de la decisión del Presidente Sebastián Piñera de visitar una tienda de vinos en plena cuarentena. Pero esta frase aplica mucho más allá de los muros presidenciales.

La rebaja de la dieta parlamentaria y de los sueldos de ministros, subsecretarios y otras autoridades, que según el consejo de Alta Dirección Pública alcanzará un máximo de 25%, es una buena muestra de que se puede dar el ejemplo y de que es posible mejorar las cosas.

Se trata de una decisión histórica –junto con el límite a la reelección, aprobado hace algunas semanas- y que había sido tema obligado desde el estallido del 18-O, cuando la calle exigía a viva voz el término de los privilegios excesivos de una clase política cuya legitimidad era puesta en duda desde las masivas marchas y las barricadas.

En todo caso, no era un asunto nuevo en la discusión pública. Seis años tuvieron que pasar desde que los diputados del Frente Amplio, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, comenzarán una cruzada en 2014 –calificada por muchos como populista- para disminuir la dieta parlamentaria y, por consiguiente, las prerrogativas de los honorables, en un país que, en poco más de un lustro, fue juntando rabia: de hecho, hace poco más de un año y varios meses antes de que la sociedad chilena se volcara a las calles, en junio de 2019, la encuesta Cadem mostraba que un 93% de los consultados consideraba que la dieta parlamentaria debía rebajarse al menos en un 40%.

Pero la discusión no era fácil. Incluso, el mismo Parlamento prefirió entregar la decisión del “cuánto” al consejo de Alta Dirección Pública (ADP), para que fuera un ente externo el que definiera los montos concretos que afectarían a la dieta. Finalmente, la decisión apuntó a que la rebaja fuera de 25% para congresistas y ministros, definición que estuvo marcada por consideraciones técnicas y políticas, contrapuestas unas con otras.

¿Qué privilegiar? ¿La percepción de injusticia de la ciudadanía o la protección de sueldos que pretenden convocar a “los mejores” al trabajo público? La decisión no fue fácil, pues efectivamente los fuegos artificiales de una medida así podrían haber sido mucho más impactantes si los números en pugna hubieran sido cercanos al 50%, lo que habría sido más popular, pues con la rebaja actual, todavía un sueldo parlamentario equivaldrá a más de 22 veces el ingreso mínimo que ganan muchos en el país. Pero una medida más extrema también habría ocultado algunos peligros para la democracia. Si los “mejores” deciden que ganan más en la vida privada que en el servicio público, ¿quiénes estarán dispuestos a postular al Congreso? Y si quienes están allí consideran que no ganan lo suficiente, ¿de dónde saldrán ingresos “extra” para paliar la merma?

El fantasma de la corrupción es un ente que siempre está presente en la vida pública y eso no puede estar ausente en esta discusión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las asignaciones parlamentarias (que no se tocaron en la discusión de la ADP)? ¿Habrá ahí una nueva forma –al borde de la legalidad- de que los congresistas aumenten sus ganancias personales?

Tampoco está claro que esta rebaja vaya a afectar positivamente la percepción de la ciudadanía sobre el quehacer político, pues se trata de impresiones que la mayoría de las veces no consideran elementos técnicos para el juicio. Lo justo en esta materia no siempre es cuantificable y tiene que ver más con sensaciones difíciles de manejar.

De hecho, aunque todavía habrá que esperar a las próximas encuestas, lo más probable es que para la ciudadanía, la clase política continuará siendo vista como privilegiada. Sin ir más allá, se trata de chilenos que no solo ganan un monto muy superior al del promedio, sino que además tienen trabajo asegurado hasta que termine su periodo, o sea, al menos dos años más, en el caso de los diputados, y hasta seis años más en el caso de los senadores. Y eso es mucho más de lo que pueden decir las personas de a pie, que hoy se enfrentan a un desempleo que supera los dos dígitos y con una economía que amenaza caer mucho más aún producto de la pandemia.

"No es el monto que nosotros queríamos, sin embargo no cabe duda de que es un avance”, dijo Boric tras la decisión del consejo de la Alta Dirección Pública. Y ciertamente no es la panacea, pero es una decisión que permite aminorar en algo las diferencias, de manera responsable, aun cuando muchos hubieran querido un ejemplo más potente y unos cinturones parlamentarios más apretados.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.

Karen Trajtemberg