“Para que el plebiscito de septiembre se desarrolle de forma limpia e informada, es imprescindible que quienes pretenden valerse de sus conocimientos técnicos sustenten sus afirmaciones”, afirmó esta semana un grupo de abogados y abogadas que respondieron así a una misiva que pocos días antes había publicado un equipo similar pero que pensaba muy distinto y que mostraba las deficiencias que –a su juicio- tenía hasta ahora el trabajo de la convención.

Lo cierto es que el plebiscito será un momento fundamental para la vida democrática del país. Y su resultado marcará el devenir de los chilenos y chilenas durante mucho tiempo. E incluso la fecha definida para la realización de la consulta tendrá un simbolismo propio: el 4 de septiembre era tradicionalmente el día en que se llevaban a cabo las elecciones presidenciales hasta el golpe de Estado. El último presidente electo así fue Salvador Allende.

Para esta jornada eleccionaria solo faltan cuatro meses. Y mientras algunos consideran positivo que la convención termine cuanto antes su trabajo y de esa manera volver a generar certezas institucionales en el país, para otros, el poco tiempo que queda es preocupante. Ambas posturas tienen asidero.

Porque la división que se ha generado en la opinión pública respecto del trabajo de los constituyentes y la falta de seguridad en ámbitos en los que hasta ahora sabíamos dónde pisábamos, efectivamente genera efectos. No tener claro qué sucederá con el sistema judicial, cuáles serán los órganos que, en definitiva, se encargarán de legislar o qué nuevas reglas habrá para las inversiones, no son cuestiones banales. Tampoco qué pasará con los fondos de pensión o el sistema de salud, por nombrar algunos asuntos.

Pero la pugna pública entre estos reconocidos abogados mostró una vez más lo divididos que estamos los chilenos frente al tema. Porque argumentos a favor y en contra de la nueva Constitución hay por montones. Y las encuestas ya han comenzado a visibilizar que esa poca claridad está afectando la evaluación al trabajo realizado. El problema es que aún no conocemos el nuevo texto y ni siquiera los propios convencionales saben a ciencia cierta qué tipo de Frankenstein están armando. A cuatro meses del “Día D”, todo está todavía muy líquido.

Y eso atenta contra uno de los requisitos fundamentales para que la Constitución sea considerada legítima y democrática: que la ciudadanía, ese 4 de septiembre, realmente sepa qué está votando.

Considerando que ya la cantidad de artículos alcanza casi los 300 –lo cual lo convierte en un texto mucho más largo que el actual y se dice que sería comparable con las cartas fundamentales de Bolivia y Ecuador-, lo maximalista de esta propuesta será un enemigo palpable del voto en conciencia. Porque seamos claros, en un país donde el 50% de sus habitantes admite que no lee absolutamente nada (como afirmó un estudio de 2019 realizado por la Universidad de Chile) y un porcentaje similar no entiende lo que lee, la posibilidad de que los chilenos y chilenas realmente se lean en profundidad ese tremendo articulado es bien lejana.

Entonces, mucho dependerá de la forma en que la convención y los distintos sectores políticos sean capaces de transmitir lo más relevante. Pero, además, tendrá que ver con el “cómo” se comunica, una temática que hasta hoy está al debe.

¿Cómo se logra que efectivamente el voto ante esta nueva –y larga- Constitución sea informado y no una lucha de eslóganes? Difícil misión, pero además en extremo relevante, pues la desinformación –que abunda hoy, sobre todo en redes sociales- será la peor enemiga de la legitimidad del nuevo texto fundamental. Si bien los medios de comunicación –tradicionales y nuevos- han intentado revertir esta situación, hasta ahora el debate se concentra en las élites intelectuales y no chorrea al ciudadano de a pie.

Cuando ya la discusión se concentra a priori en un “apruebo” o “rechazo” meramente ideológico –sin haber todavía siquiera pispado el proyecto que deberemos evaluar-, entonces el fondo de la argumentación se desvanece y terminamos arriesgándonos a votar a partir de la propaganda y del mejor “showman o showgirl” en vez de concentrarnos en lo fundante del texto que estaremos valorando.

Así, estos 120 días son en extremo relevantes. No solo respecto de los últimos consensos a los que llegue la convención y la forma en que termine organizando el articulado, sino también, en la necesidad de llegar a un acuerdo como país de realizar una campaña informativa, seria y educativa, que permita a los chilenos y chilenas votar en conciencia y no a partir del mejor jingle.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.

Karen Trajtemberg