Uno de los temas omnipresentes en el debate presidencial y en la discusión constitucional es la urgente necesidad de avanzar en un proceso de descentralización en nuestro país. Desde un punto de vista histórico, esto representa romper con una impronta que marcó a Chile desde sus inicios republicanos, para bien o para mal.

A ojos de muchos contemporáneos, tales como Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, el modelo político-económico centralizado que se estableció con el régimen conservador a inicios del S.XIX supuso un modelo “exitoso” y “excepcional”. Bajo su mirada, la institucionalidad y sistema político-administrativo que instauró la constitución de 1833 permitieron que Chile escapara de la espiral de trastornos políticos, guerras civiles y crisis económicas que asoló al resto de las excolonias españolas. Este sistema presidencial en que el mandatario era un “rey sin corona” y cuyas autoridades locales regionales (intendentes, gobernadores, subdelegados) estaban subordinadas en línea directa al presidente de la república, con una “dependencia sucesiva y continuada”, como señaló Andrés Bello, posibilitó un control directo de los recursos económicos de las provincias y un fuerte control político, a través de la administración, e indirectamente mediante los procesos electorales. En paralelo, durante estos años desaparecieron o mermaron las funciones de instituciones representativas locales como las asambleas provinciales y los municipios.

Sabemos que la historia la escriben los ganadores, y como señala M.A. Illanes, el ideario liberal-regional fue asociado al desorden y a la anarquía. Las elites de Santiago y Valparaíso diseñaron un modelo político y económico que resultaba acorde a sus intereses. No obstante, hubo fuertes resistencias –las guerras civiles de 1851 y 1859 son un claro recordatorio de ello–, los intereses regionales no estaban totalmente avasallados.

En 1891, la ley de Comuna Autónoma marcó un punto de inflexión. Tras la derrota del presidente Balmaceda, se aprobó este proyecto que otorgaba mayor autonomía, competencias y recursos a los municipios; lo que sin embargo terminó en un estridente fracaso. En su reciente libro El fracaso de la Comuna Autónoma en Chile (1891-1924), Andrés Rojas Böttner afirma que las causas del revés son numerosas: el proyecto se aprobó sin mayor convencimiento ni estudio, su diseño institucional contenía errores, no se contaba con los recursos suficientes, y los municipios adquirieron autonomía, pero sin instancias adecuadas de control. En el proyecto que al fin veía la luz se habían cifrado esperanzas y luchas por largo tiempo acalladas; el desprestigio –producto de su inoperatividad– y su caída fueron por ello estrepitosos. Como corolario, el modelo centralista salió fortalecido y se instauró para quedarse.

Hoy, cuando se ventilan en la prensa discusiones entre los recientemente elegidos gobernadores y las autoridades centrales; y cuando la Convención Constitucional se apronta a debatir sobre la descentralización, es relevante tener presente algunos de estos antecedentes históricos, que nos muestran que detrás de los proyectos siempre hay intereses políticos en juego, que un buen diseño institucional es clave, al igual que disponer de recursos económicos acorde a las necesidades.

Publicada en La Segunda.

Elvira Lopez