Hace un año, en esta sección, critiqué que el terremoto educacional pospandemia fuera el gran ausente de las prioridades del presupuesto 2023. También abogaba por la creación de un fondo especial para la emergencia.

Lamentablemente, en este presupuesto la historia se repite.

Se anuncia con bombo $30.000 millones para la “Recuperación Educativa”. Una mala broma, ya que representa apenas 0,2% del presupuesto de educación y 0,04% del total. Son apenas unos $800 mensuales por estudiante.

Claramente el terremoto educacional sigue sin ser prioritario para el Gobierno, algo inentendible e indignante.

El daño educacional es severo. Así lo muestran distintas mediciones, incluyendo el último Simce. Poco parece importar que el futuro de millones esté en juego y que su capacidad de construir proyectos autónomos —su libertad— esté en riesgo. O que las brechas de oportunidades y desigualdad solo puedan aumentar.

En junio, el Consejo de Reactivación Educativa (del que fui parte) hizo propuestas para que el Gobierno evacuara un plan de acción y creara en el Presupuesto 2024 un fondo especial de emergencia a la altura del desafío. A la fecha, cambio de ministro mediante, no se conoce ese plan. Y del fondo especial, nada.

Se dirá que no hay recursos. Pero cuando algo es realmente prioritario, tal como lo hacen las familias, se reasignan recursos. Presupuestar es priorizar.

No deja de ser sintomático, además, que cuando por fin hablamos de crecimiento y se propone una serie de medidas, la educación escolar y preescolar esté ausente. El desarrollo futuro se juega ahí.

Nos llenamos la boca del derecho social a la educación, pero todo sugiere que, en los hechos, poco parece importarnos. Y esta apatía es una tragedia para el futuro de Chile.

Publicada en El Mercurio.

Ignacio Briones