Señor director: La preocupación por la inseguridad parece crecer día a día en Chile. La angustia no es injustificada. Un estudio de la Fundación Paz Ciudadana de fines del año pasado sugiere que la explicación del creciente temor no está relacionada con los delitos contra la propiedad (robo), sino con la mayor presencia de crímenes más violentos, como el homicidio.

Usualmente, quienes participan del debate público asumen que la preocupación por la inseguridad no está relacionada con la justicia social. De acuerdo con este enfoque, la seguridad es un valor dirigido a que las personas no se dañen unas a otras, lo que es importante, pero no refleja un compromiso con los sectores más desaventajados ni, en general, con una sociedad más equitativa.

En su versión extrema, este enfoque conceptualiza a la seguridad como una preocupación de las clases privilegiadas, o con un análisis demasiado superficial de las problemáticas del país. Sin embargo, incluso quienes ven la inseguridad como un flagelo que merece atención urgente suelen considerar que es un asunto diferente a cuestiones de justicia social. Dirán, por supuesto, que no son excluyentes: que se puede estar preocupado por la inseguridad y a su vez abogar por una sociedad más equitativa. Pero conceden, en definitiva, que se tratan de dos temas diferentes.

Esta corriente no niega que pueda existir alguna relación entre injusticia social e inseguridad: la injusticia social bien podría ser una de las causas de la inseguridad. El punto es que el reclamo por mayor seguridad no encarna en sí mismo la preocupación por una sociedad socialmente más justa.

Una mirada menos sesgada, sin embargo, nos lleva a conclusiones diferentes: cuando la seguridad crece, quienes más están en peligro son los más débiles.

Los grupos más privilegiados pueden obtener mayor seguridad a través de procesos de mercado. Seguridad privada en los edificios o lugares de trabajo, servicio de transporte particular y pólizas de seguros son algunos de los medios que buscan para salvaguardarse. También cuentan con la posibilidad de no circular por la vía pública en los horarios más riesgosos, ni necesitan pasar por las zonas de mayor peligro. Ello no implica que estén completamente seguros. Nadie puede aislarse totalmente, y tarde o temprano la situación social de un país termina por afectar a todos. Pero al menos pueden tomar medidas para lidiar mejor con ese problema. Y nadie puede culparlos por ello.

Diferente es el caso de quienes habitan en barrios inseguros, sin vigilancia, o deben caminar durante la noche para tomar el transporte público y volver de su trabajo. El riesgo es incluso mayor para las mujeres. La evidencia indica que las mujeres sufren la inseguridad en mayor proporción que los hombres; la mujer pobre, en este sentido, está en una situación de extrema vulnerabilidad.

Por otra parte, además de estar más expuestos, los menos pudientes son más perjudicados por los delitos contra la propiedad que los más acaudalados. El pobre podría, en el mejor de los casos, contar con el dinero justo para alimentar a su familia. Sufrir un robo en este contexto podría tener consecuencias trágicas.

En definitiva, un gobierno que no atiende seriamente el problema de la inseguridad es un gobierno que está profundizando la injusticia social. Es un gobierno que está replicando desigualdades, en una de las dimensiones más importantes.

Publicada en Ciper.

Ezequiel Spector