En el debate actual sobre la ley FES, casi toda la atención pública se ha volcado a los costos y beneficios inmediatos para estudiantes y familias. Poco se ha explorado, en cambio, cómo sus disposiciones podrían alterar de manera profunda el modo en que las universidades toman sus decisiones más importantes. La pregunta de fondo es incómoda pero urgente: ¿cuánto margen de autogobierno debe conservar una universidad para cumplir con su misión?
La autonomía universitaria es un principio que resguarda la capacidad de cada institución para definir sus prioridades, orientar sus programas de enseñanza e investigación, y decidir cómo relacionarse con su entorno. Este resguardo no significa aislarse de la sociedad, sino evitar que la agenda política del momento determine el rumbo del conocimiento.
En la propuesta de FES, el financiamiento está condicionado por restricciones sobre quiénes pueden inscribirse, qué programas se pueden impartir y cuántos cupos estarán disponibles. Más allá de sus propósitos declarados, estas disposiciones trasladan a la esfera gubernamental decisiones que históricamente han correspondido a las comunidades universitarias. Cuando ese traslado ocurre, la pluralidad de proyectos educativos tiende a estrecharse.
El valor de contar con universidades diversas —algunas con vocación regional, otras volcadas a la investigación científica, otras al arte o a la tecnología— radica en que ninguna responde a un molde único. Si todas operan bajo los mismos criterios administrativos y de planificación centralizada, el sistema pierde creatividad, capacidad de adaptación y pensamiento crítico.
Antes de centrarnos únicamente en el costo y el alcance de la ley FES, es necesario preguntarnos qué tipo de educación superior queremos construir para las próximas décadas y cuáles de los modelos actuales lograrán mantenerse en pie en los próximos 20 o 30 años. La respuesta dependerá de nuestra capacidad para proteger la autonomía académica y de gestión, pilares esenciales para la innovación, el pensamiento crítico y el diálogo informado.
Publicada en La Segunda.