Embarazo en adolescentes, ¿quién se hace cargo?

Andrea Repetto

Chile tiene una tasa de embarazo en adolescentes de 4,7%, tres veces más alta que el promedio de los países de la OCDE. Esto significa que cada año casi 32 mil adolescentes entre 15 y 19 años ven limitados sus proyectos de vida producto de una maternidad temprana. De estas adolescentes, la mayor parte se encuentra en situación de pobreza y exclusión. Según la Encuesta Casen 2013, el 69% de las madres adolescentes pertenece a los dos primeros quintiles de ingreso. Adicionalmente, los datos muestran que el 14% de las mujeres entre 15 y 19 años que pertenecen al primer quintil de ingresos, es decir, al más pobre, ya es madre.

Un alto porcentaje de estas adolescentes interrumpe su formación escolar (79% de ellas cursaba enseñanza media al momento del parto), lo que deriva en que más de la mitad (53%) pasa a formar parte del grupo de jóvenes que no estudian ni trabajan en forma remunerada. Es así como al llegar a la adultez (25-59 años) quienes fueron madres antes de los 20 años tienen en promedio tres años menos de escolaridad que las mujeres que postergaron la maternidad hasta después de los 24 años. De igual forma, las madres que tuvieron a su primer hijo en la adolescencia participan en menor proporción del mercado laboral (56,7% versus 66,7%) y, cuando lo hacen, trabajan en empleos de menor remuneración ($269.474 versus $515.237). Todos estos datos revelan cómo el embarazo en adolescentes es un potente reproductor de la pobreza y la desigualdad, afectando no solo las oportunidades de desarrollo de la madre, sino también las que ellas le pueden entregar a su hijo o hija.

Pese al dramatismo de las cifras, las autoridades aún no han logrado incidir para cambiar esta realidad. ¿Las causas? Falta de liderazgo y escasez de iniciativas integrales e intersectoriales a nivel nacional para enfrentar esta problemática. En la actualidad, muchas iniciativas finalmente dependen de la voluntad de profesionales que, incluso de manera voluntaria, trabajan localmente en sus comunidades. A esto se suma el que, a pesar de la importancia universal e irrevocable de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en Chile no existe una política de regulación de fertilidad dirigida exclusivamente a los adolescentes, lo que genera un conjunto de inequidades y limitaciones a un acceso igualitario a métodos anticonceptivos y a asesorías sexuales y afectivas.

La desigualdad también se observa en la falta de estímulos y escasez de expectativas en los estratos socioeconómicos más vulnerables, que lleva a muchas adolescentes a elegir la maternidad temprana como una puerta de salida. Hacen falta programas que logren retener a las adolescentes en el sistema escolar e iniciativas que les permitan visualizar y desarrollar un plan alternativo a la crianza en el hogar.

Como organizaciones de la sociedad civil, ocupadas del desarrollo sostenible de nuestra sociedad, hacemos un llamado urgente a tomar acciones decididas de política pública sobre embarazo en adolescentes. A fines de julio, Comunidad Mujer, Espacio Público y el PNUD iniciamos un ciclo de conversaciones al respecto y hemos visto cómo se requiere de una mirada integral e intersectorial, enfocada en los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes, con énfasis en la prevención del primer embarazo, así como medidas que aseguren que los y las jóvenes reciban educación sexual y tengan acceso amigable e igualitario a la anticoncepción.

Ello se debe complementar con la promoción de relaciones igualitarias entre las y los adolescentes y con el fomento de la construcción de proyectos de vida, ampliando sustantivamente las oportunidades que como país les ofrecemos a los grupos más vulnerables. Como hemos analizado, no se trata solo de un tema de educación y de acceso a anticonceptivos, sino también de expectativas y posibilidades a futuro.

Estas políticas deben representar intervenciones decididas, que comprometan a cabalidad los recursos humanos y económicos necesarios tanto para evitar embarazos en adolescentes como para permitir a quienes ya son madres continuar con su proceso formativo, incorporarse al mercado de trabajo y así romper -ellas y sus hijos- con el círculo de la pobreza y la desigualdad.

*Columna escrita con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva Comunidad Mujer.

Andrea Repetto
Escuela de Gobierno
Publicado el Viernes, 19 Agosto 2016 en El Mercurio