Todos los años, la discusión de la ley de presupuesto obliga al gobierno a realizar un ejercicio de gran complejidad. El presupuesto hace explícitas las prioridades del Ejecutivo en materia de políticas públicas y los énfasis que se quieran dar los distintos programas gubernamentales. Además, se debe balancear el crecimiento del gasto con las reglas de responsabilidad fiscal, que entregan estabilidad de largo plazo. Finalmente, el presupuesto debe conciliar los dos puntos anteriores con las peticiones de mejoras salariales de los empleados públicos.
Este año vimos como la propuesta del gobierno de un aumento de un 3.2%, ya aprobada por el Congreso, no satisface los anhelos de los trabajadores. Esto se vio traducido en movilizaciones y paros en ese sector. Un elemento importante en esta discusión es el costo para la sociedad de las paralizaciones de servicios esenciales, lo que por un lado da a los trabajadores un mayor poder de negociación, pero al mismo tiempo puede generar una menor aprobación ciudadana a este tipo de movilizaciones, ya que es más difícil empatizar con las peticiones de los trabajadores públicos, cuando estos interrumpen servicios fundamentales en la sociedad.
La pregunta natural de muchos es: ¿Es justo un aumento de un 3.2%? ¿Es posible evitar paralizaciones de los servicios públicos al discutir el presupuesto? En términos del tamaño del aumento, la mayoría de los países han intentado alinear las alzas con las proyecciones del crecimiento económico. El 2016, el Reino Unido aprobó un alza del 1% para los trabajadores del sector público, en línea con sus proyecciones de crecimiento (pre-BREXIT). Sin embargo, un problema asociado a la discusión del aumento salarial es la diferencia de sueldos entre los distintos grados que existen en la administración pública. Matemáticamente es muy distinto un 3.2% de 300.000 que 3.2% de 5.000.000. Por lo tanto, las alzas pueden parecer muy poco para algunos, pero suficiente para otros, creando distorsiones acerca de la justicia del aumento. Este año, y como una forma de disminuir estas diferencias, las salarios más altos no recibirán el aumento. Luego, si el gobierno así lo considera, el aumento podría intentar disminuir estas brechas.
Con respecto a la segunda pregunta, la evidencia internacional muestra que instituciones independientes, como el Congressional Budget Office (EE.UU.) y el Office for Budget Responsability (Reino Unido) son capaces de generar informes independientes, acerca del presupuesto. Luego, tanto los trabajadores del sector público, como los diputados y senadores, y la ciudadanía en general tienen acceso a información acerca de cómo el presupuesto está conciliando las tres dimensiones mencionadas. De esta manera, discutir acerca de cómo se modifican los sueldos cada año será más transparente y permitirá a todos los participantes proponer modificaciones realistas al presupuesto, que estén en línea con los objetivos del gobierno y mantengan los equilibrios fiscales de largo plazo.
Posiblemente esto evite que veamos paralizaciones y al mismo tiempo se generen aumentos de sueldos justos y de acuerdo a la realidad económica del país.