Productividad y probidad públicas

Marcelo Villena

Facultad de Ingeniería y Ciencias
El Pulso


En estos complicados meses que vive nuestro país en materia económica y política, dos parecen ser las palabras mágicas, las que nadie se atrevería a discutir independientemente de su posición política: productividad y probidad.

Así lo señaló hace poco el ministro de Hacienda: “El crecimiento económico depende en el largo plazo del crecimiento de la productividad”. Con respecto a la probidad, la propia Presidenta lanzó una ambiciosa agenda sobre el tema.

Un buen síntoma de cómo actualmente se avanza en ambos temas fue la creación de la Comisión Engel y la recientemente creada Comisión Asesora de Productividad. En el contexto de estos dos grandes asuntos, para el logro de los objetivos propuestos es prioritario contar con un sector público de excelencia.

Contar con un servicio público de clase mundial no es una tarea inalcanzable para Chile. Tenemos una gran tradición en el diseño e implementación de normativas e instituciones complejas, de gran calidad, que han sobrevivido el paso del tiempo y que, incluso, han sido imitadas en otros países. Por otra parte, hoy como nunca, nuestro país cuenta con profesionales altamente capacitados y deseosos de colaborar con el desarrollo de Chile.

No es posible aumentar fuertemente la productividad sin entidades públicas eficientes y sin instituciones probas y pro activas, con una mentalidad innovadora, que estén a la altura de los cambios que los sectores público y privado requieren. Por otro lado, la probidad en el sector público implica limitar la injerencia política en el nombramiento de cargos de toma de decisiones eminentemente técnicas, en especial para cargos que se encuentran por debajo de la “tercera línea” de gerencia.

El sector público no debería ser el patio trasero de los políticos de turno, sino el patrimonio de todos los chilenos. La probidad en el sector público es, sin duda, la principal medida contra la corrupción en el país. En este escenario es necesario avanzar en los siguientes puntos:

Limitar las posibilidades de despido de los administrativos y profesionales del sector público por razones políticas. Para ello se requiere que desde la tercera línea de gerencia: jefes de división en los ministerios y subgerentes para otras reparticiones, cuenten con mayor inamovilidad por razones políticas y que sus contrataciones sean el resultado de procesos de selección transparentes.]

Medir la productividad de cada servicio público de forma periódica y transparente. Medir explícitamente la PTF (Productividad Total de Factores) de cada servicio. En otras palabras, medir el ratio input-output de su gestión es un paso clave para aumentar la productividad. Se debe contar con una medida estandarizada, objetiva y dinámica de esta variable para cada entidad pública.

Dar a los funcionarios públicos la posibilidad de emprender una carrera por mérito propio, y con ello la posibilidad de acceder a salarios acordes con su productividad, y no solo a su antigüedad. Un buen funcionario público debería poder acceder a mejores condiciones salariales que en un cargo similar en el sector privado, siempre y cuando sea más eficiente. Ello debido a la importancia de su cargo, a los recursos que maneja y por qué el sector público debe acostumbrase a contratar a los mejores. En otras palabras, el Estatuto Administrativo debería paulatinamente acercarse al Código del Trabajo en lo que a incentivos salariales se refiere.

Como consecuencia, los cargos a contrata en el sector público chileno deberían regularizarse, a la luz de los puntos anteriores.

Para avanzar en temas de productividad y probidad, cambios como estos en el sector público son necesarios y urgentes. Cambios que, por cierto, no requieren de más recursos, ni de años de implementación, sino de voluntad política.

Marcelo Villena
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Publicado el Lunes, 10 Agosto 2015