La Conferencia Episcopal decidió, por primera vez en el largo agón del caso Karadima, hacer un esfuerzo por adelantarse a la cadena de repercusiones de lo que se ha convertido en el peor escándalo de la Iglesia chilena. Su declaración del viernes, pidiendo perdón colectivo, pero, por sobre todo, anunciando la creación de mecanismos de prevención y apoyo a las víctimas de abusos sexuales viene a desmoronar los muros de secretismo, silencio y complicidad que ampararon esos hechos por muchas décadas y hasta el año pasado.
No fue un resultado previsto. La 101 Asamblea del Episcopado tenía en su agenda el tema de las denuncias como un punto más bien tangencial. Dos cosas lo pusieron en el centro. La primera fue la presencia en Chile de un grupo de expertos extranjeros en comunicación eclesial, que asistieron a un seminario organizado por el Duoc y el Arzobispado de Santiago. Concluido el encuentro, tres de los invitados viajaron a Punta de Tralca para realizar exposiciones privadas ante la asamblea de obispos.
La segunda fue la decisión del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, de impulsar una revisión colegiada y a fondo del fenómeno Karadima, evitando que el caso quedase encapsulado como un problema de la Iglesia de Santiago. Tal decisión era delicada, porque el Episcopado es una democracia sin superiores, y aunque es usual que el arzobispo de Santiago se convierta en un primus inter pares, ello suele ocurrir en tiempos más largos que las pocas semanas que Ezzati lleva en la capital.
Dicen los insiders que el arzobispo se apoyó para eso en el obispo Alejandro Goic, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y en su obispo auxiliar, Cristián Contreras, que aunque fue uno de los conocedores directos de las denuncias bajo el mando del cardenal Errázuriz, ha sido también uno de los impulsores de las medidas de prevención y control de daños.
El resultado fue, primero, una declaración de cuatro de los obispos formados por Karadima, un documento que también estaba fuera de lo previsto. Y luego, el anuncio colegiado con las nuevas medidas.
Hay una delicada progresión en este calendario: la primera declaración hace posible, por así decirlo, que los cuatro obispos, sometidos a acusaciones y sospechas de encubrimiento, puedan firmar la siguiente. La puesta en escena completa, con igual delicadeza, en ese proceso: uno de los cuatro obispos -Horacio Valenzuela- fue uno de los lectores del documento episcopal.
El problema del encubrimiento y la complicidad sigue pendiente. No lo podría resolver la Conferencia Episcopal, pero sería una nueva equivocación creer que terminará donde ahora está. Así lo creyó hasta hace sólo unas semanas el principal contaminado por el escándalo, el obispo auxiliar Andrés Arteaga y, sin embargo, tuvo que dejar la Universidad Católica y ahora dejará el país. No se necesitaba ser adivino para imaginar esta evolución. Cuando la credibilidad de un obispo está deteriorada, todo su ejercicio queda dañado. Por eso no puede estar cerrado el problema de un Episcopado tan fuertemente influido por la sombra de Karadima.
El otro problema pendiente es el del poder, que es el verdadero centro del caso del ex párroco. Los abusos de Karadima no habrían sido posibles sin la constitución de una red de poder político, social y religioso como la que funcionó por casi medio siglo en la parroquia El Bosque. Se hallan rastros de esa red hasta sucesos tan remotos como el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, ejecutado para evitar la asunción de Salvador Allende, "demonio" de la política para muchos de sus miembros.
Hoy es claro que los abusos y la red de poder se necesitaban mutuamente y hasta es difícil discernir qué fue primero. El hecho cierto es que Karadima llegó a construir una Iglesia paralela a la de Santiago durante los años 80 y 90, que satisfizo los deseos de un sector muy específico de la sociedad santiaguina. Esa paraiglesia formó la plataforma para las posiciones dominantes que deterioraron el prestigio de toda la institución a partir de los 2000, sin que el cardenal Errázuriz lograse vislumbrar la magnitud de ese peligro. Pero lo importante no es la pasividad del pastor, sino otra cosa: nadie puede llevar adelante un proyecto así en la Iglesia si no cuenta con el respaldo de superiores influyentes y bien ubicados.
De esa red todavía se ha hablado muy poco. La configuraron, en distintos momentos, altos oficiales militares, políticos, empresarios, familias prominentes, elevados jerarcas eclesiásticos y un número no pequeño de feligreses ingenuos que creían de buena fe que hacer el bien significaba identificar al demonio bajo la guía de un sacerdote elocuente, amenazante y seguro. Los que sabían que formaban parte de una máquina social, política y económica eran quizás los menos, pero también los más peligrosos.
El escándalo de los actos "aberrantes" ha oscurecido esta dimensión más profunda del fenómeno El Bosque. Tampoco sería razonable pretender que la abordase una Conferencia Episcopal que ha dado un paso histórico en el primer piso del caso Karadima. Pero tampoco se cerrará esta historia mientras no haya nuevas luces sobre la construcción de la influencia del sacerdote.
¿Nace con todo esto una nueva Iglesia? Quizás no sea para tanto, aunque el hecho de que los obispos hayan usado la palabra "purificación" apunta hacia allá. Lo que probablemente nace, o re-nace es una Iglesia más preocupada de su coherencia, más alejada del relativismo disfrazado de doctrina, más celosa ante los susurros del poder y un poco más atenta a los signos de los tiempos.
No sería poco.