Cada cierto tiempo nos obligamos a hacernos exámenes. A veces producto de que comenzamos a sentirnos mal y, en otras ocasiones, porque tenemos conciencia de nuestra debilidad y temporalidad humana. Eso que es tan natural en nosotros no es muy diferente respecto de las instituciones. La distancia del sano proceso de revisión termina por hacer que estas se debiliten cuando no tomamos en cuenta los síntomas que ellas asoman.
Así, se nos piden una serie de exámenes para ver cómo están nuestros indicadores (glicemia, perfiles lipídicos, bioquímicos, etc., orina, creatinina, electrocardiograma, etc.), de los cuales estamos ansiosos de sus resultados el día en que el develador del misterio nos diga que podemos seguir igual, o debemos caminar hacia el tedioso estado de las eliminaciones, rectificaciones y posologías futuras que hacen que los placeres se demuestren como son: culpas.
A su turno, los países también son examinados por medio de una serie de indicadores, rankings, encuestas, que también terminan por revelar cómo está la salud de los mismos. La calidad del laboratorio que los realiza es también relevante a la hora del diagnóstico que debemos formular; mientras más seria, sostenible en el tiempo, e independiente sea quien la realice, mayor atención debiésemos dispensarles a estos resultados, no solo como curiosidad periodística, sino porque lo que anuncian puede dar cuenta de patologías que debemos afrontar y remediar.
Esta semana, en que ingresa el proyecto de la Ley de Presupuestos al Congreso, nos inundamos de siglas que traen resultados. Un informe elaborado por el Fraser Institute de Canadá nos dice que Chile bajó tres puestos en el Índice de Libertad Económica, y los ítems en los que más caímos son Estado de Derecho y Regulación, aunque seguimos estando en un lugar de excepción en el contexto mundial (15 de 159).
Por su parte, también se dieron los resultados del ranking de Competitividad Global 2017, elaborado por el Foro Económico Mundial y la Escuela de Gobierno de la UAI, donde se nos anuncia que nos mantuvimos en el lugar 33, advirtiéndose en su lanzamiento que Chile se ha deteriorado en la calidad de sus políticas macros. Otros estudios nos advierten que la situación fiscal de nuestro país se ha deteriorado por holguras fiscales negativas, deuda que crece aceleradamente, caída de la clasificación crediticia, todo lo que ya no nos hace tan robustos como estábamos hace unos años.
Y con este marco del diagnóstico de las finanzas públicas comenzará, a partir del lunes, la tramitación de la ley que regirá el destino de los recursos fiscales el año que viene, con énfasis que pueden no ser los que correspondan al gobierno que asuma el año venidero. A lo señalado, como se ha venido observando, se une el deterioro de la capacidad de gestión de las políticas públicas, muchas de las cuales se construyen a nivel de glosas de la ley (como sucede con la actual gratuidad universitaria), en programas que tienden a mantenerse en el tiempo sin una adecuada revisión y evaluación de su eficiencia y eficacia. Muchos de los programas presupuestarios vigentes, evaluados por la propia autoridad, han resultado mal evaluados y continúan alimentándose de los recursos anuales de esta ley.
Nuestro sistema no contempla una transición presupuestaria para años electorales, de manera que puede darse que las apuestas presupuestarias se hagan en programas y sectores que pueden erigirse como simbólicos o, como ahora se dice, expresen el legado de una determinada gestión presidencial.
Lo más evidente es que el rito que hoy comienza está completamente desapegado del conocimiento ciudadano. Si miramos cualquier encuesta, el énfasis estará en la seguridad, la salud, la educación, la igualdad, los derechos sociales, la desconfianza, la reforma constitucional, los pueblos indígenas, el terrorismo, la violencia, etc.
Pero lo que todos olvidan es que, detrás de cualquier construcción del modelo de sociedad en la que queremos vivir, necesitamos del presupuesto, el vil dinero. Y nadie, ningún gobierno, ha estado dispuesto a modelar una conciencia que despierte en cada uno de los ciudadanos la claridad de que todos contribuimos a la provisión de los recursos que el presupuesto conlleva. Todos aportan, y en razón de ello, todos deberíamos estar atentos a este momento crucial: ¿cómo gastaremos lo que hemos aportado?