Buenas y malas políticas contra la evasión

Claudio Agostini

Escuela de Gobierno
El Pulso

De acuerdo con su ley orgánica, “corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos”. Ello implica, al igual que en todos los países, facilitar y fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a todos los contribuyentes y sancionar a la minoría que no cumple con ellas.

En ese sentido perseguir a los evasores de impuestos cumple un doble rol importante. Por un lado, permite recaudar lo que corresponde. Por otro lado, garantiza la equidad tributaria horizontal (dos personas que ganan lo mismo deben pagar lo mismo), ya que una persona que evade paga menos impuestos que una persona con iguales ingresos que no evade, y permite además que se cumpla el grado de progresividad tributaria que establece la ley, donde quienes ganan más pagan proporcionalmente más impuestos (equidad vertical).

El rol del SII en el combate contra la evasión es crucial y en Chile es un tema importante a considerar por su magnitud. Las mejores y más serias estimaciones existentes, generadas en diversos estudios de Michel Jorratt, muestran tasas de evasión relativamente altas. En torno al 16% en IVA en 2010, 34% en el impuesto de primera categoría a las utilidades a las empresas en 2009 y 48% en el impuesto al ingreso de las personas en 2006. Esto significa que una disminución importante en la evasión implicaría mayor equidad tributaria horizontal y vertical y podría generar una cantidad de recursos importante como mayor recaudación. Es así como una parte no menor de la Reforma Tributaria aprobada en 2014 establece que la mayor recaudación producto de la disminución en la evasión tributaria sería de 0,5% del PIB.

Para disminuir la evasión en el tiempo hay teoría y evidencia que muestra cosas que funcionan y otras que no de las cuales deberíamos aprender. En primer lugar, solo cobrar los impuestos recaudados y aplicar multas, como creen algunos en Chile, no es suficiente. La evidencia es que eso genera algo de recaudación en el corto plazo, pero aumenta fuertemente la evasión en el largo plazo. Así que incluso si el único objetivo fuera recaudar, esa estrategia es bastante miope ya que la recaudación en el futuro cae. Por el contrario, penas de cárcel para delitos graves de evasión, por la magnitud o por lo reiterados, generan un impacto importante en disminuir la evasión en el futuro y por eso el SII debería ser activo en usar sus atribuciones al respecto.

También hay creciente evidencia de que las amnistías tributarias, como la aprobada en la Reforma Tributaria del año pasado para contribuyentes que sacaron plata del país evadiendo impuestos, son una mala idea y aumentan la evasión en el futuro aunque generan algo de recaudación en el corto plazo. Esta es una política que refleja una mala mezcla de miopía con injusticia tributaria y que está vigente en Chile para 2015.

Por último, quisiera mencionar una herramienta exitosa, aunque a muchos puede causarles resquemor. En marzo de 1867 se dictó una ley en Estados Unidos que autorizó al Ministerio de Hacienda a pagarles “los montos que estime necesarios” a personas que entreguen información para “detectar y llevar a juicio y obtener castigo para las personas que sean culpables de violar las leyes tributarias”. Dicha autorización fue ampliada en 1996 permitiendo el pago a personas que entregaran información que permitiera “detectar pagos de impuestos menores a lo correspondiente” y definiendo la fuente de los fondos para pagar como una fracción de la recaudación obtenida. Finalmente, en diciembre de 2006 se aprobó una ley que formaliza el pago a informantes del Servicio de Impuestos Internos que permitan detectar evasión tributaria de otros contribuyentes.

El gran cambio introducido se refiere a formalizar un pago de al menos 15% y hasta un 30% del monto recaudado, con un tope de US$10 millones, al contribuyente que entregue información sobre la falta de cumplimiento tributario de otros contribuyentes. Para obtener el pago la información entregada tiene que ser información que el servicio de impuestos no tenía y tener base suficiente como para iniciar un proceso administrativo o judicial contra el contribuyente denunciado. Adicionalmente, el informante no puede haber participado ni ser parte de la evasión que se denuncia. Por último, los montos involucrados tienen que ser significativos (superiores a US$2 millones incluyendo intereses y multas) y corresponder a grandes contribuyentes (ingresos superiores a US$200.000 anuales en el caso de personas naturales).

En el quinquenio 2009-2013 se recibieron un poco más de 46.000 denuncias, se pagó a los informantes un total de US$211 millones en el período y se obtuvo recaudación extra producto de la información entregada por un total de US$1.677 millones. En palabras del director del Servicio de Impuestos Internos, la información recibida por estos informantes “ayuda a detectar el no cumplimiento tributario, lo cual ayuda a asegurar la integridad y la justicia de nuestro sistema tributario. Los contribuyentes que cumplen con las reglas deben estar confiados en que las empresas y los individuos más ricos no pueden evitar pagar los impuestos que les corresponde a través de la creación y uso de estructuras financieras complicadas que abusan de las leyes tributarias”. Creo que implementar una política de pagos no discrecionales a informantes del SII en Chile puede ser buen instrumento y vale la pena discutirlo.
 

Claudio Agostini
Escuela de Gobierno
Publicado el Lunes, 08 Junio 2015