A propósito de los doscientos años de la Constitución de Cádiz

Juan Luis Ossa

Escuela de Gobierno
El Mercurio

Dentro de los inesperados efectos de la invasión napoleónica a España a principio de 1808, el surgimiento de un ideario liberal en la Península ocupa un lugar preponderante en el estudio no sólo de la historia política española de la primera mitad del siglo XIX, sino también de la hispanoamericana, Chile incluido. En especial este año 2012, cuando se cumplen doscientos años de la promulgación de la Constitución de Cádiz, la famosa Pepa, y que historiadores de diferentes regiones se aprestan a conmemorar, con ánimo festivo pero también crítico, un documento clave de la historia constitucional occidental.


La guerra en la Península
La invasión napoleónica y la consiguiente abdicación de los reyes de España llevaron a un grupo liderado por el conde de Floridablanca a centralizar la administración de la Península en la denominada Junta Suprema Central, la cual, luego de un periodo residiendo en Aranjuez, se instaló en Sevilla en diciembre de 1808. De inmediato, se comenzó a preparar el terreno para una posible convocatoria de las Cortes españolas, cuya función legislativa, se creía, ayudaría a resolver la crisis política acarreada por la reclusión del rey Fernando VII en Valençay. Pero la idea de convocar a las Cortes no era necesariamente aplaudida por todos los sectores de la población, como tampoco existía una visión unívoca sobre cuál debía ser la forma de su composición. Los más tradicionalistas argumentaban que ésta debía realizarse por estamentos, divididos en dos cámaras. Los liberales, en cambio, abogaban por una composición unicameral, formada por diputados escogidos demográficamente y no por estamentos. Finalmente, en su decreto de convocatoria, fechado el 29 de enero de 1810, la Junta Central informó que el principio de representación se realizaría siguiendo el modelo liberal, aunque no se hizo una alusión expresa a si estas debían estar formadas por una o dos cámaras. 


Al día siguiente de la publicación de este decreto, la Junta Central fue disuelta y reemplazada por un Consejo de Regencia. Debido a las amenazas de los ejércitos napoleónicos en las cercanías de Sevilla, el Consejo se instaló en la Isla de León, ubicada en la Bahía de Cádiz, lugar donde los regentes se vieron en la obligación de aceptar las exigencias liberales de que las Cortes adoptaran el principio unicameral. Este triunfo liberal se complementó el 24 de septiembre de 1810, cuando, en su reunión de apertura en San Fernando (Cádiz), las Cortes afirmaron que la soberanía residía en “la nación” y no en el rey o los cuerpos intermedios (como los estamentos).


La Constitución de Cádiz
En su convocatoria, la Junta Central había anunciado que los americanos debían, al igual que los españoles, enviar diputados a España con el fin de participar de las negociaciones surgidas al interior de las Cortes. En efecto, la posterior declaración de las Cortes de que la soberanía residía en “la nación” asumía, al menos implícitamente, que América era una parte consustancial de la “nación” española. Los problemas, no obstante, no demoraron en aparecer. En primer lugar, a los diputados americanos se les hizo imposible llegar a tiempo a la apertura de las Cortes, por lo que debieron ser reemplazados por diputados suplentes. Si tomamos en cuenta que la declaración sobre la soberanía era una forma sutil de afirmar que las Cortes eran constituyentes (el quiebre con el Antiguo Régimen obligaba a preparar una nueva carta que, se verá más adelante, garantizaría la creación de una monarquía constitucional), la apertura de las reuniones legislativas sin la presencia concreta de los representantes elegidos en América no debió agradar a aquellos diputados americanos interesados en participar de la preparación de una nueva carta fundamental.


Tampoco debió satisfacerles el hecho de que, en términos comparativos, las cuestiones relacionadas con América ocuparan un papel más bien secundario al interior de las Cortes. Las Cortes, efectivamente, estaban más interesadas en mantener la unidad del imperio (y de la “nación”) que en apoyar las demandas americanas. Porque lo cierto es que el liberalismo gaditano tenía, también, mucho de unitarismo y centralismo. “La nación” se entendía como una e indisoluble y, al igual que la corriente liberal más popular de la Francia revolucionaria, en general los liberales de Cádiz creían que el Estado debía ser el garante de los derechos de los individuos y que, para ello, la centralización administrativa debía jugar un papel preponderante en la configuración de la política imperial.


Con todo, sería errado suponer que la Constitución de Cádiz copió de forma monolítica al liberalismo francés. Más bien, lo que las elites gaditanas lograron fue una agrupación de principios liberales (franceses e ingleses sobre todo) que combinaban, en palabras de Brian Hamnett, los conceptos de “igualdad ante la ley, de gobierno representativo, de libertades civiles y de supremacía del poder civil” con un fuerte poder estatal. En ese sentido, parece justo concluir que el primer liberalismo español (quizás sería más correcto hablar de “liberalismos españoles”) bebió de diversas fuentes y que, en consecuencia, su originalidad reside en su poder de asimilación y readaptación.


La Constitución de Cádiz en América
Al igual como ocurrió con la convocatoria a Cortes, la publicación de la Constitución de Cádiz produjo respuestas distintas, y a veces contradictorias, en los territorios americanos. A grandes rasgos, la carta gaditana tuvo dos tipos de influencia en América. Las directas se sintieron sobre todo en los dos principales virreinatos, Nueva España y el Perú. La Constitución fue juramentada en Ciudad de México el 29 de septiembre de 1812, mientras que en Lima el 1° de octubre; en ambos casos, fueron los absolutistas de viejo cuño, Francisco Javier Venegas y José Fernando de Abascal, quienes lideraron su puesta en práctica. Aun cuando la Constitución restaba mucho de su poder a los virreyes, Venegas y Abascal comprendieron que, hasta que la situación no cambiara en la Península, la mejor estrategia para confrontar al separatismo incluía la implementación de un documento constitucional que, en la medida de su unitarismo, dejaba las puertas abiertas a aspiraciones autonomistas americanas que no quebraran sus vínculos con el imperio.  


El punto más original de las influencias directas de la Constitución en América decía relación con la introducción del régimen representativo en la elección de los cabildos; el precepto 312 afirmaba, de hecho, que “los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en los pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los ayuntamientos, cualquiera que sea su título y denominación”. Gracias a la introducción de esta práctica electoral se dio inicio a una etapa revolucionaria de participación ciudadana, la cual, a pesar de los problemas de implementación que todo cambio de régimen lleva consigo, debe, en palabras de Víctor Peralta, “valorarse como una contribución a la generación de nuevas prácticas políticas en todos los sectores sociales” americanos.


En cuanto a las influencias indirectas, baste señalar aquí que la Constitución de Cádiz sirvió de faro para muchos de los documentos que, entre 1812 y bien entrado la década de 1820, promovieron alguno de los preceptos liberales presentes en ella. La Constitución chilena de 1828 es un buen ejemplo de lo anterior. Sin embargo, quizás más interesante sea destacar que la Constitución de Cádiz produjo, también, la reacción de aquellos que, como los revolucionarios chilenos de los años 1810-1814, tenían una relación más distante con la Península que los mexicanos y limeños. Una reacción que, en este caso, se debe comprender desde la vereda opuesta a la emulación.


En efecto, como muestra el análisis comparativo de la Constitución de Cádiz y el Reglamento Constitucional chileno de octubre de 1812, el gobierno de José Miguel Carrera consideró que la carta gaditana no debía tener valor en Chile. Así queda de manifiesto en el artículo 3º del Reglamento: Fernando VII, cuya autoridad como monarca de Chile se reconocía (al igual que en España), debía aceptar “nuestra Constitución en el modo mismo que la de la Península”, una frase que comprueba el conocimiento que tenían los firmantes del Reglamento de la Constitución de Cádiz, aunque expresa también la decisión de no someterse a sus dictados.


Para un virrey absolutista pero que estaba obligado a aplicar el constitucionalismo gaditano en América como Abascal, esta era una declaración de guerra abierta y explícita. Esto explica el paso de la solución política de los años 1810-1812 a la solución militar, al tiempo que muestra las claves para comprender por qué el liberalismo gaditano fue paulatinamente perdiendo vigor en Chile. Para Carrera, O’Higgins y el resto de los líderes revolucionarios, la guerra con el virrey limeño fue la excusa perfecta para desatenderse de las políticas de Cádiz. Pronto, el propio virrey Abascal vería caer el liberalismo gaditano en su propio territorio (a consecuencia del regreso absolutista de Fernando VII), cuestión que produjo un cambio total en la forma de hacer y comprender la guerra. Desde ese punto, la radicalidad de las armas comenzaría a definir el horizonte de la política chilena.

Juan Luis Ossa
Escuela de Gobierno
Publicado el Domingo, 15 Abril 2012