Así tituló Herbert Spencer, un influyente polímata inglés, de la segunda mitad del siglo 19, el libro que quizás lo hizo más conocido políticamente. El que explica las razones de la imprudencia del Parlamento inglés que lo llevaron a incorporarse al mismo en razón de que este órgano dictó un par de leyes en un mismo año. El Parlamento no está para llenarnos de leyes, está para ser el lugar de la discusión racional del modelo de sociedad en la que vivimos o queremos vivir, señalaba Spencer. En el transcurso de los tiempos esa preocupación se quedó, al parecer, en ese lado de Europa, pero claramente no arribó a nuestras costas. García Márquez, muchos años después declaraba que en su primera visita a nuestro país lo que le había impresionado era nuestro tinte de legalidad -tinta diríamos hoy- pues nunca había visitado un país donde se vendieran a viva voz las leyes en un Diario Oficial.
Bueno, hoy día ese Diario ya no está en papel, pero algo que no cesa es la proliferación evidente de leyes y leyes. Tenemos insertada en nuestra piel social la idea de que la ley nos arreglará todos los problemas que la mala gestión, la indolencia y la incapacidad de entendernos nos mantienen en un estado latente de disconformidad y, en muchos compatriotas, de franco enojo. Por eso en esta época de contienda electoral han surgido muchas soluciones que, en nuestro ordenamiento, la mayoría de ellas requerirá -por cualquiera de los que alcancen el poder del gobierno- la dictación de nuevas leyes, muchas de las cuales relevantes, indispensables, convivirán en su gestación con muchas otras que solo perturban el trámite legislativo y alientan el clientelismo fácil de quienes ofrecen y no piensan en los resultados de la oferta.
Es que una mirada a las leyes dictadas en los últimos 12 meses nos permitirá entender la gravedad del fenómeno. Antes destaquemos que ya alcanzamos en términos numéricos más de 80 leyes en un año, vamos sobre la ley 20.046, y se suman a esto que llamamos ordenamiento legal más de 3.800 decretos leyes (dictados entre el año 1973 y 1980), más de 20.000 decretos con fuerza de ley (dictados desde el año 1926) y algo más de 4.500 leyes dictadas antes de que comenzara la numeración de las mismas en la segunda mitad del siglo 19.
Y sobre qué materias ha recaído la potestad legislativa en estos últimos meses: bonificaciones universitarias, extensión de beneficio al trabajador que celebra el Acuerdo de Unión Civil; la creación del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; perfecciones estatutarias en materia de prescripción de acción disciplinaria del mundo de las Fuerzas Armadas; perfecciones de justicia tributaria; feriados regionales; regulaciones del desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras; despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, regularización de edificios de bomberos; creación de nueva Región del Ñuble y nuevas provincias; el establecimiento del Día Nacional del Circo; el Día Nacional del Manipulador y Manipuladora de Alimentos; nuevo gobierno corporativo de empresa pública (ENAP); sobre la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía; declaraciones de nacionalidad por gracia; el Día Mundial del Océano, nuevas competencias a tribunales, nuevos delitos de maltrato, la facilitación del pago de propinas en restaurantes, el Día Nacional del Deporte, el Día Nacional del Locutor; la Comisión para el Mercado Financiero, autorización para erigir monumento a don Patricio Aylwin, como también a Juan Pablo II, regulación de donación cruzada de órganos, exigencia de servicios sanitarios rurales, reelección autorizada de integrantes de Comité de Auditoría Parlamentaria, regulación del cobro de servicios de estacionamientos, etc… etc.
Como se observa, es difícil desde los textos visualizar cuáles son las materias de ley en nuestro país. Conforme a la Constitución, son restringidas a ciertas materias que la Carta se encarga de identificar; en el resto, bienvenido el Reglamento. Pero en todo, en las normas, siempre dejamos una cierta trampa, que puede ser en beneficio del Parlamento o, lo que sería peor, en beneficio de los abogados que como elemento clave de la mesocracia chilena, son siempre necesarios. Todos tenemos el hábito de hacer de ellos una especie de invocación: “lo verá mi abogado”, dicen algunos como símbolo de relevancia social o de ausencia de soledad. La idea, advertida por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución era que la intervención de la ley fuera precisa y restringida: “Solo son materias de Ley….”, pero al final cualquier norma que establezca las bases esenciales de un ordenamiento jurídico o cualquiera que lleve correlato de gasto o incidencia en potestades públicas (competencias judiciales o administrativas), o que incida en una garantía constitucional termina siendo ley, quitando de por medio el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) que por décadas fue el instrumento normativo de la gestión pública.
Si no hacemos un esfuerzo racionalizador y volvemos a convocar al DFL para solucionar el funcionamiento asistémico de la Administración del Estado, que permita hacer recopilaciones y adecuaciones normativas por sector, seguiremos dictando ley tras ley, olvidándonos después de un tiempo cuál es la que está vigente y, lo que es por, para qué servía la ley.
Publicado en El Mercurio.