Paula Narváez presentó hace algunos días la campaña “no te restes, súmate”, con la cual se pretende fomentar la participación electoral en las presidenciales. El trabajo, que involucró 500 millones de pesos, concitó rápidamente las críticas de la oposición, quienes alertaban de un eventual intervencionismo.
“Nadie que se sienta realmente demócrata puede estar en contra”, señalaría Narváez, precisando que era simplemente un llamado a sumarse. La ministra se hacía cargo de un punto que, al menos a simple vista, parecía bastante sensato. Desde las municipales del 2012 ha existido una preocupación constante por la baja participación, por lo que podríamos considerar absolutamente pertinente la destinación de fondos públicos al diseño y ejecución de esfuerzos focalizados en enfrentar el cáncer de la abstención. Sin embargo, también es justo reconocer que resultan plausibles las críticas vinculadas al modo en que se está llevando a cabo el proceso.
Si bien la situación es algo nueva en Chile, las “campañas institucionales” – como la doctrina les ha denominado a estas acciones – son algo común en algunas democracias emergentes. Como podemos intuir, se tratarían de actividades destinadas a cumplir una función cognitiva – de información – y no persuasiva, lo que las distanciaría de la propaganda electoral. Sin embargo, entendemos que existen un par de elementos que hacen exigible un trato más sofisticado del problema. En primer lugar, tanto las campañas institucionales como la propaganda electoral incidirían en el voto, independiente de si lo hacen en la “decisión” o en la “dirección” de éste. Así, ambos esfuerzos impactarían en la eventual politización del ciudadano. En segundo lugar, se entiende que las campañas institucionales tienen la particularidad de ser esfuerzos implementados en una época especialmente sensible, la cual hemos denominado legalmente como “periodo electoral”.
Tal como plantea Narváez, nadie duda que las campañas institucionales podrían ser una herramienta efectiva para fortalecer la participación; sin embargo, tampoco podemos desconocer los inconvenientes asociados a ellas. En España, estas acciones han sido profundamente criticadas por la doctrina. Tatiana Recoder, por ejemplo, ha sostenido que el incentivo al voto iría en contra de la libre voluntad de los ciudadanos, desconociendo la “no participación” como opción política. Por otro lado, Margarita Soler ha cuestionado derechamente los sujetos legitimados para ejecutar estas acciones, así como también los contenidos específicos en que se basarían. En este contexto, la situación de Chile parece incluso más compleja, pues, a diferencia de España, estas medidas de Gobierno ni siquiera están reguladas en la ley electoral.
En resumen, independiente de la efectividad de las “campañas institucionales” a la hora de combatir la abstención, se hace urgente un tratamiento legal diferenciado que disminuya la probabilidad de intervencionismo, sobre todo considerando su particular finalidad y la época sensible en que se ejecutan. Una vez más, el escándalo que se ha generado no hace más que exponer una legislación electoral obsoleta y anacrónica, la cual se ha visto año a año sobrepasada por la realidad.