Volver a la Constitución de 1925

Juan Luis Ossa

Escuela de Gobierno

El Mercurio

Señor Director:

El apoyo que di a la idea de Arturo Fontaine de tomar la Constitución de 1925 como la base de nuestra futura Carta Fundamental, no es tanto técnico (o constitucionalista) cuanto histórico/historiográfico.

Mi argumento es que Chile tiene una tradición constitucional cuyo origen puede fecharse en la Constitución de 1828. Esta Carta fue, a su vez, el pilar de la de 1833, la cual, contrariamente a lo que se cree, no se cerró a ciertos elementos liberales. En efecto, una de las principales características de la Constitución de 1833 es que contiene, como dicen Iván Jaksic y Sol Serrano, "las semillas de su propia liberalización", gracias a lo cual se reformó en repetidas ocasiones. Dicho proceso de liberalización cimentó las bases de la Constitución de 1925, considerada siempre como una "reforma" de su antecesora más que como una Carta nacida ex nihilo.

El caso de la Carta que nos rige hoy es muy diferente. Si bien hay artículos de la Constitución de 1925 que se repiten en la de 1980, el objetivo de esta última fue instaurar una "revolución" político-administrativa que rompiera con nuestra tradición constitucional. Es decir, fue un gobierno "conservador" como el de Pinochet el que paradójicamente desechó el argumento de que toda Carta debe ser sometida a la historia que la precede.

Esto me lleva a la problemática sobre la legitimidad. Si bien es cierto que todas las Constituciones chilenas han nacido en contextos de crisis y que, en consecuencia, ninguna ha alcanzado una legitimidad inmediata, la Constitución de 1980 interrumpió la legitimidad conseguida por las Cartas anteriores. Esta fue una aspiración que, repito, no estuvo presente entre los constitucionalistas de 1833 y 1925.

Ahora bien, la legitimidad del proceso constitucional actual no está tampoco garantizada. Me cuesta creer, por ejemplo, que los cabildos constitucionales tengan una legitimidad incuestionable. Los cabildos son más una forma solapada de asambleísmo que un mecanismo de representación política. Y ya que la asamblea constituyente es una anomalía en la historia de Chile, apelar a ella sería igualmente atentatorio contra nuestra tradición constitucional.

Así, pues, concuerdo con Fontaine en que la Constitución de 1925 es el mejor antídoto tanto ante la discusión sobre la ilegitimidad de la Carta de Pinochet como ante la incertidumbre de la asamblea constituyente. Por supuesto, en caso de retomar las reglas de 1925, nuestros constitucionalistas deberán acordar los aspectos que haya que cambiar (por de pronto, la reforma de 1971 que nacionalizó la gran minería del cobre). Asimismo, habrá aspectos de la Constitución de 1980 que convendrá mantener a toda costa (como la autonomía del Banco Central). No obstante, el argumento reformista debería imperar por sobre el revolucionario, pues, de otra manera, los expertos cometerían un ejercicio rupturista similar al de los constitucionalistas de 1980.

Juan Luis Ossa
Escuela de Gobierno
Publicado el Sábado, 26 Marzo 2016