Hace exactamente 26 años el país tuvo acceso al trabajo realizado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como “Comisión Rettig”. Allí, en varios volúmenes, el país hacía por primera vez un reconocimiento y mea culpa de los violentos crímenes del régimen de Augusto Pinochet. Fue la primera vez que se conoció en detalle lo que había sucedido en términos de violaciones a los derechos humanos y tras ello, se pudieron realizar las primeras acciones reparatorias.

No importaba en ese momento si las víctimas eran una, diez o miles. Lo relevante en ese entonces era que, por primera vez, el país tenía una versión oficial de lo que había sucedido.

Hoy, 26 años después, los niños del Sename bien se habrían merecido un informe similar. Un Patricio Aylwin que hiciera caso omiso de los problemas políticos que aquello le traería (con Pinochet todavía a la cabeza del Ejército) y un Raúl Rettig que se hiciera cargo de una investigación acuciosa, con el objetivo real de saber qué sucede en este servicio, donde los hijos de Chile están muriendo.

Nada de eso sucedió con el informe de la Comisión Sename II. No fue un trabajo detallado, como tampoco hubo nadie interesado en saber la verdad y respaldarla, costara lo que costara.

La investigación de los diputados se basó en gran medida en recortes de prensa, en casos ventilados por los medios de comunicación. Nada más. Al leer el informe, no obstante, queda claro que hay graves problemas presupuestarios (aunque posteriormente el gobierno haya hecho hincapié en el esfuerzo monetario que se ha realizado); que tanto la permanencia, como el reingreso de menores y las listas de espera han aumentado en los últimos años –se habla de una cifra de 8 mil menores que esperan entrar bajo la “protección” de esta institución -; que no existen políticas internas de mejoramiento y, más grave aún, que no se está cumpliendo ni con la normativa nacional ni internacional en la protección de estos niños.

Con esta radiografía, que mostraba el cáncer avanzado que sufre este organismo, lo mínimo que se habría esperado era que la Presidenta Michelle Bachelet, la misma que se hizo cargo de ONU Mujeres, la misma que fue electa por su carisma, calidez y cercanía, hiciera suya la lucha en contra de un sistema que está violando los derechos de los niños más desvalidos del país. Pero no fue así.

Es una verdadera vergüenza que la Mandataria haya puesto por encima la vigencia política de la exministra Javiera Blanco, a quien el gobierno defendió a rajatabla, poniendo a trabajar a todo el aparataje de la Segpres y del Ministerio de Justicia para generar un lobby que lamentablemente tuvo éxito y que lo único que logró es alimentar los rumores de que la ex secretaria de Estado –hoy miembro del Tribunal Constitucional, como “premio” por su gestión en el gobierno- algo sabe, algo tiene, que es defendida hasta en lo indefendible, aun poniendo en riesgo el poco capital político que le queda a la Presidenta a estas alturas.

Tan relevante parece ser Blanco, que la Mandataria hipotecó una vez más su credibilidad para que los parlamentarios, incluso aquellos que habían llorado –literalmente- con la situación de estos menores, como Camila Vallejos, se dieran vuelta la chaqueta y votaran en contra o se abstuvieran de aprobar un informe que, aun cuando tenía vacíos, era un avance en conocer lo que sucede dentro de los grises y fríos muros de los centros del Servicio Nacional de Menores.

¿Cuántos Lissette Villa más hay ahí? ¿Qué vejaciones están sufriendo otros niños, mientras se lee esta columna? Por ahora no se sabrá, porque no hubo voluntad política para avanzar en ese tema.

Mención aparte merecen los parlamentarios de derecha y el comando de Sebastián Piñera –en especial Cecilia Pérez-, que no perdieron un segundo para utilizar esta situación y lanzar frases al viento en contra de los diputados de la Nueva Mayoría que votaron en contra o se abstuvieron. No es momento de aprovechar el momento político, sino de hacer algo concreto.

El abogado Raúl Rettig murió en el 2000 y Patricio Aylwin, el año pasado. Hoy no parece haber nadie dispuesto a correr el riesgo de investigar las violaciones a los DD.HH. en esta democracia imperfecta, que está pasando por encima de los derechos de los más vulnerables y pequeños. Lamentablemente, Bachelet perdió la oportunidad de pasar a la historia como quien defendió a estos niños y reformó un servicio que debe protegerlos, no dejarlos morir.