Simplificar

Ignacio Briones

En su libro La Gran Degeneración, Niall Ferguson advierte sobre el riesgo de que el imperio de la ley devenga en el de los abogados. Una advertencia atingente al caso chileno cuya maraña regulatoria en varios ámbitos ha transformado a la asesoría legal en la regla de acción.

Chile va en su ley N° 21.003 y contando: cada año creamos otras 100, tal vez movidos por esa creencia que todo se soluciona con una nueva normativa. Si uno considera los DFL, reglamentos y circulares, hablamos de decenas de miles de textos adicionales. ¿Cuántas normativas están realmente activas? ¿Cuántas disposiciones son contradictorias? ¿Cuántas las duplicidades?

Navegar en este océano regulatorio puede ser una tarea titánica y en extremo costosa. Y nada mejora demasiado si uno desciende a los mares sectoriales en el ámbito económico. Tomemos dos ejemplos de discusión reciente: el tributario y el laboral.

Solo en la “normativa tributaria básica”, disponible en la web del SII, encontramos unas 1.000 páginas de reglamentaciones, un tercio entre el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta. A ello se agregan los cientos de circulares emitidas a un ritmo de 75 al año. ¿Es realista suponer conocimiento y entendimiento de la norma? ¿Puede un mortal navegar en este laberinto sin un ejército de abogados?

En el plano laboral, el Código del Trabajo por sí solo tiene la friolera de 513 artículos (¡y 1.000 notas al pie!) contenidos en 250 páginas. Sucede que mucho de lo que se podría acordar entre empresarios y trabajadores, en Chile queda definido desde arriba en una omnicomprensiva camisa de talla única para empresas de tamaño y naturaleza distintas. Ello no solo limita el poder de negociación, también restringe la necesaria capacidad de adaptación a los cambios del siglo XXI.

Este intrincado maximalismo se repite una y otra vez en otros ámbitos como el financiero, medioambiental, energético y un largo etcétera, generando altos costos para la economía. El todo complementado con un lenguaje inexpugnable caracterizado por la primacía de la coma en vez del punto y el abuso del gerundio, la voz pasiva y el futuro de subjuntivo.

Maximalismo y lenguaje configuran un cóctel deleitoso para los abogados, pero tan costoso como difícil de digerir para los agentes a quienes la norma se supone dirigida. ¿No habrá espacio para ordenar? ¿Para fusionar normas y suprimir las obsoletas? ¿Para eliminar duplicidades o detectar contradicciones entre textos? En definitiva, ¿no habrá espacio para simplificar?

Por supuesto, simplificar no significa desregular. Por el contrario, puede incluso robustecer los objetivos de la regulación. Al hacerla más simple y comprensible, facilitaría su cumplimiento y fiscalización. A su vez, permitiría abordar el cúmulo de recovecos y tratamientos diferenciados que, abogados mediante, se prestan para el arbitraje regulatorio. Y lo más importante, la simplificación contribuiría a mayores niveles de certeza en la toma de decisiones.

Reflexionar sobre el costo de nuestra complejidad regulatoria parece necesario. Particularmente cuando aumentar el crecimiento y la productividad es prioritario. Dotarse de una instancia permanente encargada de evaluar la coherencia regulatoria en áreas críticas y proponer simplificaciones al Ejecutivo y al Congreso podría ser una potente política pública en esa dirección.

Ignacio Briones
Escuela de Gobierno
Publicado el Sábado, 29 Abril 2017 en La Tercera