La Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto al Centro para la Innovación y el Desarrollo del Derecho del Trabajo (CIDTRA) y el Club Laboral de Diario Financiero, realizaron el seminario “Reforma Laboral: Balance y Análisis”, evento que contó con la participación del subsecretario del Trabajo, Fernando Arab; la jueza del 2º Juzgado Laboral de Santiago, Carolina Luengo; y de otros destacados académicos.

A poco más de un año de haberse promulgado la nueva regulación, cada uno de los expositores entregó sus principales observaciones respecto a la actual normativa del Derecho Laboral, dejando claro que aún no se pueden obtener respuestas concluyentes.

Al comenzar el seminario, el decano de la Facultad, Ramiro Mendoza, criticó que, desde el mundo del derecho, se haya vuelto una costumbre recibir la ley, mas no analizarla. “Esta es una facultad que pretende servir de intermediación en los debates jurídicos. (…) Quienes sufren la ley, a veces de mala calidad, son los abogados, por interpretaciones que muchas veces no se condicen con la efectiva aplicación de la ley, y eso en todos los ámbitos del derecho”, resaltó el decano.

Jaime Salinas, presidente de CIDTRA, aseveró que “hasta el día de hoy, no existe mucha claridad, hay una incertidumbre en la legislación sobre el proceso de negociación y el de servicios mínimos, entre otros tantos aspectos, que valen la pena discutir para generar las herramientas administrativas y, eventualmente, legislativas que permitan dar un poco más de certidumbre sobre estos temas”.

El primer panelista en exponer fue el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien presentó alguna de las conclusiones del informe publicado el 30 de abril pasado por el Consejo Superior Laboral, órgano tripartito creado al alero de la reforma y que está conformado por miembros del gobierno, del empresariado y de los trabajadores. Según detalló Arab, dicho informe enfatiza que aún es prematuro sacar grandes conclusiones de la Reforma Laboral y que, para hacer un análisis concluyente del impacto que ésta ha tenido, deben pasar al menos un par de negociaciones colectivas al interior de las empresas. Uno de los principales cambios que el subsecretario destacó fue la disminución de las huelgas: “en 2017 hubo un total de 137 huelgas legales versus las 203 que hubo en 2016 o las 184 en 2015. En cuanto al número de trabajadores involucrados en huelgas, en 2017 fueron 14 mil contra los 37 mil que hubo en 2016”. Como representante del gobierno, Arab puntualizó que “si bien la reforma tiene algunos aspectos que han funcionado adecuadamente, desde el Ejecutivo creemos que todavía presenta varios nudos, varios problemas, que lo que hacen es no otorgar certeza jurídica, y uno de los principios fundantes del estado de derecho es precisamente la certeza jurídica”.

Por otro lado, la jueza titular del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Carolina Luengo, aseguró que la nueva ley no aumentó la recarga de trabajo en tribunales, ya que la mayoría de causas son rechazadas. De igual forma, la magistrada hizo un llamado a evitar la judicialización de causas y a que éstas sean resueltas al interior de cada empresa, debido a que las acciones de reclamación que contempla el nuevo estatuto podrían alargar los procesos judiciales.

Posteriormente, Jorge Arredondo, profesor de derecho del trabajo de la UAI, aseguró que “esta ley genera más dudas que certezas”. El académico planteó que, bajo la nueva ley, se proyecta un mayor grado de judicialización en el marco de las negociaciones entre sindicatos y empresas.

Si bien Arredondo destacó la creación del Consejo Superior Laboral como uno de los aspectos positivos de la reforma, criticó que los trabajadores solo se vean representados por miembros de la CUT al interior de este organismo. Asimismo, se refirió a la que, a su juicio, es una de las principales falencias de la reforma y que denominó como “efecto silla musical”: “Un trabajador puede ir cambiándose de negociación en negociación (…) Nadie avizoró que esto puede aumentar claramente el poder de los sindicatos, porque van a ser parte de la negociación y de la base sindical personas que están sujetas al instrumento colectivo vigente, y ya hay dos fallos sobre la materia”.

Más tarde, Roberto Lewin, abogado laboral y socio de CIDTRA, remarcó que “la Dirección del Trabajo debió comenzar con una ardua labor interpretativa; a la fecha hay más de 67 dictámenes emitidos, es decir, que al menos una vez a la semana, la Dirección del Trabajo ha tenido que emitir un dictamen para poder interpretar y esclarecer algunos pasajes de esta ley”.

“El centro de discusión no debería estar puesto únicamente en las huelgas o en los sindicatos, como lo ha sido en los últimos cuatro años, creo que debemos cambiar el foco y pensar más en las personas, en los trabajadores y en sus necesidades, en mecanismo de colaboración entre empleador y trabajador y en espacios de diálogos entre ambas partes”, agregó Lewin.

Finalmente, el también profesor de derecho del trabajo de la UAI, César Toledo, calificó a la reforma como un “gatopardismo completo, ya que estas grandes modificaciones sirven para cambiar un poco las cosas, pero todo sigue funcionando exactamente igual. La diferencia es que ahora siguieron funcionando de peor forma”.