Aunque los especialistas, organismos de derechos humanos e instituciones internacionales –y prácticamente todos los sectores políticos genuinamente liberales o progresistas- estiman que la llamada Agenda Corta Antidelincuencia del gobierno es un retroceso, la mayoría de la ciudadanía parece estar de acuerdo con su aprobación. Según encuestas recientes, siete de cada diez chilenos cree que iniciativas como el control de identidad preventivo –la detención sin sospecha, como se la ha llamado- son positivas. Lo celebraron algunos diputados de derecha apenas se conocieron estos números. Hay que escuchar la voz de pueblo, insinuaron parafraseando al Puma Rodríguez, no la de los expertos.

Sin embargo, cuando se discutía la despenalización del aborto en tres causales específicas hace algunas semanas, los mismos diputados no quisieron escuchar la voz del pueblo. Según la misma medición, siete de cada diez chilenos estaba de acuerdo con el proyecto del gobierno. Si de respetar la opinión del público se trata la política, la derecha debería haber votado ambas legislaciones a favor. Al menos eso es lo que demanda la coherencia. En la práctica no funciona así. Las encuestas se amplifican cuando conviene y se esconden cuando no conviene. Nos hemos acostumbrado a vivir con ese doble estándar.

Por supuesto, los congresistas que aprobaron la Agenda Corta Antidelincuencia pueden argumentar que los beneficios del proyecto son persuasivos, independiente de lo que digan las encuestas. La política, finalmente, se trataría de convicciones. No obstante, es un discurso poco creíble. Diputados y senadores se juegan la vida en cada reelección y están atentos al clima político de sus distritos y circunscripciones. Dadas las pobrísimas razones esgrimidas en el debate sobre el control de identidad, es razonable suponer que los parlamentarios no quieren ser castigados por un electorado que necesita señales de dureza –aunque sea puramente efectista y atentatoria contra las libertades de unos pocos- en materia de seguridad ciudadana. Casi todos apuntaron a combatir una “sensación de impunidad”. La senadora Lily Pérez dijo que la medida se justifica “si se pudiera inhibir al menos un 1%” de los delitos. Parece un reconocimiento implícito de que se trata de una maniobra para contentar a la mayoría más que una herramienta realmente sustantiva en la lucha contra el crimen.

En cualquier caso, no tiene nada de malo escuchar la voz de las encuestas. Pero podemos pedir un poquito de consistencia. No es intelectualmente honesto descansar en el argumento “el público lo pide” sólo cuando nos conviene.

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