Protección a informantes

Andrea Repetto

Desde hace ya un tiempo, los medios recurrentemente informan de casos de financiamiento ilegal de la política, corrupción, cohecho, conflictos de interés, tráfico de influencias, evasión tributaria, colusión y uso indebido de información privilegiada.

No es de extrañar que la confianza en los partidos políticos, el Congreso, las empresas privadas y en una diversidad de instituciones esté por los suelos. Se trata de hechos que producen un grave daño a la fe pública, que nos afectan como ciudadanos, votantes, contribuyentes, consumidores y accionistas minoritarios.

La cadena de casos, descubiertos uno tras otro, ha llevado a la revisión de normativa importante en estas áreas. En términos muy gruesos, las instituciones diseñadas para disuadir y descubrir las distintas formas de fraude han resultado insuficientes, y sus capacidades para prevenir, monitorear y detectar requieren ser fortalecidas. En efecto, la nueva normativa ha dado mayores herramientas a superintendencias y supervisores en distintos ámbitos, desde la libre competencia hasta al funcionamiento de partidos políticos y campañas electorales.

Pero la información sobre mal uso de fondos públicos, de actividades ilegales o poco éticas, e incluso de acciones que pueden generar un riesgo para la salud y seguridad de las personas, suele estar en manos de unos pocos actores, y cuesta hacerla llegar a las autoridades correspondientes.

Además de quienes cometen estas acciones, en ocasiones existen terceros que, por circunstancias particulares, han sido testigos o han podido detectar un fraude. De hecho, algunos estudios académicos estiman que una fracción importante de los fraudes cometidos en empresas privadas es descubierta por sus trabajadores o la prensa, más que por los inversionistas, auditores o supervisores.

¿Se imagina que en la empresa donde trabaja algunos ejecutivos cometen un acto ilegal y que usted se entera de alguna forma? ¿O que participó en una licitación pública y tiene evidencia de que esta ha sido arreglada para favorecer a un participante en particular? ¿Entregaría esa información? ¿A quién? ¿Cómo lo haría para no sufrir represalias?

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción define a un informante como una persona que, de buena fe y con motivos justificables, denuncia ante las autoridades correspondientes cualquier acto relacionado con un delito.

Un número creciente de países ha adoptado medidas de protección a estos informantes (también conocidos como lanzadores de alerta o " whistlerblowers "), entendiendo el valor de la información que ellos pueden proveer a las autoridades pertinentes, ya sea al interior de las empresas, en el Estado u otros organismos.

La primera ley fue dictada en 1863, en los Estados Unidos (el "False Claims Act"). Diversas leyes han sido promulgadas y revisadas con posterioridad, impulsadas inicialmente por el escándalo de Watergate.

En términos generales, la protección legal otorgada a informantes comienza con la confidencialidad; esto es, con la protección de su identidad. Ello es particularmente importante si existe la posibilidad de represalias. Algunos países van más allá y exigen que empresas y agencias provean de mecanismos para realizar denuncias de carácter anónimo.

En un segundo nivel, las leyes exigen proteger el estatus y condiciones laborales de quien ha realizado la denuncia, con sanciones en caso de represalias. En ocasiones se otorga, además, una compensación si el informante ha sufrido un trato injustificado o daño. Incluso, en algunos sistemas se ofrece una recompensa a quienes entreguen información clave.

En todo caso, la recomendación de diversos organismos internacionales es entregar una protección comprehensiva, que sea administrada por organismos independientes.

En Chile existen leyes que incentivan y protegen a quienes reportan actos ilegales (la Ley de Probidad Administrativa, el Estatuto Administrativo, la Ley de Bases de Administración del Estado y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), pero ellas se refieren únicamente a funcionarios públicos. Es decir, no incluyen a proveedores, personas que hayan trabajado en el Estado en el pasado ni a empleados del sector privado.

Para detectar y disuadir con eficacia conductas ilegales o poco éticas se necesita de la colaboración de un conjunto de actores, más allá de superintendencias y supervisores.

Pero esa colaboración conlleva riesgos en muchas ocasiones, y para hacerla efectiva, se requiere de mecanismos claros para la entrega de información, además de la necesaria protección a quien denuncia.

Andrea Repetto
Escuela de Gobierno
Publicado el Martes, 08 Noviembre 2016 en El Mercurio