Productividad y marco legal

Ignacio Briones

Para nadie es misterio que sin ganancias de productividad es iluso volver a pensar en tasas de crecimiento satisfactorias. Si en la "época de oro" de los 90 la productividad daba cuenta del 40% del crecimiento económico, desde los 2000 ha explicado cero y en los últimos años su contribución ha sido negativa. ¿Qué hacer para revertir esta tendencia? Probablemente lo más importante, la condición necesaria de todo, es que exista convicción tanto del gobierno como del sector privado, sobre la necesidad de buscar acuerdos, recomponer confianzas y delinear una propuesta conjunta de largo aliento. No es casualidad que la primera de las propuestas de la Comisión Ramos de Productividad (CR) sea precisamente acordar una agenda con enfoque de largo plazo. En este sentido, no cabe sino felicitar los esfuerzos del ministro Valdés y del sector privado (a través de la CPC), en esta dirección.

En esta misma línea, es muy destacable la reflexión de la CR.

No sólo a través de propuestas sectoriales, sino que también invitándonos a pensar en temas estructurales ligados a nuestro marco legal. En particular en aquello relacionado con su impacto en productividad, su coherencia y su adaptabilidad. Un tema comúnmente olvidado pero de crucial importancia. Mal que mal, se trata de las "reglas del juego".

La CR propone que sea mandatoria una evaluación ex ante y una medición ex post del impacto en productividad de futuras leyes. No se trata de un veto a la labor del congreso. Se trata de dimensionar y transparentar una información relevante para las decisiones legislativas, fomentando, de paso, que el concepto de productividad esté en el disco duro de nuestros parlamentarios. Una instancia de esta naturaleza podría haber contribuido positivamente al debate reformas económicas emblemáticas que se han aprobado últimamente.

Como es lógico, la falta de coherencia regulatoria y un abultado número de normas hace difícil la interpretación de las mismas y favorece el arbitraje regulatorio. Esto no sólo atenta contra la correcta toma de decisiones. También exacerba la necesidad tener que costear un cúmulo de servicios (legales contables, tributarios...) que sólo se explican por la maraña regulatoria. Recursos que no agregan valor alguno a la economía y que bien podrían destinarse a labores productivas.

Una tercera e interesantísima propuesta es velar porque las leyes con impacto en productividad tengan capacidad adaptativa para acomodar los cambios tecnológicos. Y es que leyes rígidas que pretenden establecer contratos completos contingentes al paradigma tecnológico de determinado momento se transforman inevitablemente en una camisa de fuerza cuando la tecnología (y los mercados) cambian.

Un ejemplo paradigmático de esto es la polémica que hemos visto respecto al surgimiento de nuevas tecnologías en el transporte de pasajeros en Chile.

Sin duda, bienvenidas y potentes reflexiones que contribuyen a poner en el centro del debate a esa esquiva productividad.

Ignacio Briones
Escuela de Gobierno
Publicado el Viernes, 03 Junio 2016 en La Tercera