El gobierno ha anunciado la reforma previsional. Aunque debe celebrarse el necesario aumento del ahorro del 5% “con cargo al empleador”, como anunció la Presidenta Bachelet, la realidad es algo más compleja. Ese 5% adicional que se supone será de cargo de los empleadores y empresarios bien sabemos que por efecto de elasticidad y sustitución recaerá en mayor proporción sobre los empleados y trabajadores. A la larga, no afectará a las empresas y empresarios sino que al bolsillo de los que trabajan y cotizan en las AFR La buena noticia es que el aumento para llegar al 5% sería gradual (aunque esto sea al final del partido, esta es una buena noticia, porque a estas alturas es evidente que este gobierno no ha sido un hincha de la gradualidad).
Ahora bien, de ese 5%, un 3% irá a la cuenta personal de cada afiliado y el restante 2% a un fondo de ahorro colectivo. O sea, el Estado obligará a los ciudadanos a ser solidarios. Este 2% es un impuesto al trabajo disfrazado. Por eso, sorprende que algunos todavía no quieran reconocerlo.
El mismísimo Sil define un impuesto como “pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y empresas que no están sujetos a una contraprestación directa”. Eso sí, el uso y destino de esos ahorros es sensato. Los objetivos, a través del aporte solidario intergeneracional e intrageneracional, así como el subsidio a las mujeres que sigan trabajando después de su jubilación, son loables. Pero a través de un impuesto obligatorio que atenta contra la libertad individual.
El proyecto también contempla la creación de una nueva institución que administrará ese 5%. A la nueva AFP estatal se le llamará el administrador del “Nuevo Ahorro Colectivo” emulando el ingenio lingüístico de la “Nueva” Mayoría. Como si nuestro obeso Leviatán no hubiera sido suficientemente alimentado por este gobierno, crearemos otra nueva entidad estatal. Será una entidad autónoma y autofinanciada, con rango constitucional, y su consejo estará integrado por siete miembros. Todo esto emulando el esquema del Banco Central. Y lo más importante para este gobierno, este nuevo administrador estatal será una entidad “sin fines de lucro”.
Partamos por algunas preguntas simples y prácticas acerca de esta nueva institución estatal. ¿Quiénes serán los siete consejeros? ¿Será un cargo bien remunerado o habrá servidores públicos dispuestos a velar por la solidaridad del “Nuevo Ahorro Colectivo”? Y pese a la supuesta garantía constitucional que el proyecto propone, ¿cómo evitamos, en un ambiente de desconfianza y suspicacia, el sesgo político o ideológico en los nombramientos si éstos serán propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado? (ante esta duda no faltará quien se pregunte irónicamente si con este esquema de directorio cuoteado resucita el espíritu del binominal). En definitiva, lo que suena bien en el papel y en la teoría no siempre es fácil de implementar en un país como Chile.
Pero la gran inquietud es ¿por qué y para qué crear una nueva institución estatal? El por qué es evidente: el Estado, como creen y quieren los próceres de la Nueva Mayoría, debe jugar un rol como administrador de las pensiones sin fines de lucro. Por eso, el objetivo de la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss -“no habrá ni un peso más para las AFP”, se cumple a cabalidad. El para qué en cambio, es más difícil de explicar.
En efecto, si ya existe el Banco Central como modelo a emular y éste ya administra cuantiosas inversiones. Uno se pregunta por qué no puede ser el mismo Banco Central que nos genera tanta confianza y seguridad, el que administre ese 5%.
En otras palabras, sin olvidar el déficit fiscal y la nueva baja de clasificación crediticia, para qué dilapidar más recursos y energía si el Banco Central lo puede hacer. Vivimos una época de estrechez fiscal y. de acuerdo al ministro Valdés, el costo en régimen de esta reforma será de 1.500 millones de dólares En una entrevista en radio Duna el ministro de Hacienda. Rodrigo Valdés nos explicó algunos aspectos de la reforma. Su mensaje fue franco: “Este proyecto compatibiliza lo político con lo técnico”. Si la actual política triunfa por sobre lo técnico, esto puede desencadenar en un serio problema. Afortunadamente, el horno no está para bollos. Ya pasó la retroexcavadora de las reformas que se aprobaban de manera “exprés”.
Pero así como la reforma educacional fue inspirada por consignas políticas, no vaya a ser que este proyecto esté respondiendo a movimientos como No+AFP.
Lo más grave, a mi juicio, es que esta nueva institucionalidad nace de un diagnóstico errado. Esta iniciativa parte o nace como reacción ante el supuesto de que nuestro sistema carece de legitimidad y solidaridad.
Sabemos que esto no es tan así. Lo ha dicho con todas sus letras el Presidente Piñera: cada uno debe decidir el destino de sus ahorros. Y para favorecer a los más desfavorecidos ya existe el pilar solidario.
La cuestión de fondo es ese afán redistributivo controlado y administrado por el Estado que inspira a la Nueva Mayoría. Aunque hay que reconocer que las intenciones e incluso algunas propuestas suenan sensatas en el papel, a estas alturas del gobierno hablar de sensatez en medio del descalabro y la desprolijidad de las tres grandes reformas -educación, laboral y tributaria- es una alabanza que excede mis intenciones, la verdad es que el demonio está en los detalles. Habrá que esperar hasta la semana próxima para ver el demonio. Por ahí se nos aparece de nuevo el lucro.