En momentos en que discute el tema del derecho al olvido, la recordada vecina de Chicureo que fue acusada en las redes sociales de discriminación luego de hablar con un periodista de CHV, podría estar pensando en  borrar para siempre los rastros de su desdichada aparición en cámara. Sin embargo, este mes el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación recuerda en un dictamen qué implicancias tiene exactamente el llamado derecho al olvido. En primer lugar, la entidad precisa que a partir de la legislación vigente, este derecho se refiere a los datos personales (no a cualquier video o imagen publicada). Por ejemplo, una empresa que levanta una base de datos de sus clientes debería destruirla si deja de existir (¿ocurrirá eso?).

En los medios digitales, en tanto, y aun cuando alguien podría querer eliminar su historial -porque es falso, porque hay opiniones o imágenes que la perjudican o por la razón que sea-, el derecho al olvido no debe entenderse como el derecho a borrar una historia. “Cualquier eliminación de lo publicado –dice el dictamen N° 203- implica suprimir parte de la historia, “borrar” una opinión vertida o impedir que la sociedad reciba la información completa. En tal sentido, la aplicación del “Derecho al Olvido” vulnera la libertad de expresión y de prensa”. A esto hay que añadir que el interés público de, por ejemplo, una noticia no tiene fecha de vencimiento.

Sin embargo, continúa el consejo, como detrás de esta aspiración al olvido está la preocupación por la honra de una persona, lo que los medios deben hacer el rectificar, aun cuando haya pasado un tiempo –e incluso si el posible afectado no lo solicita-. La información siempre se puede rectificar o actualizar, punto muy importante, porque muchas veces se informa que se inicia un procesamiento judicial, pero no de su resultado (menos cuando una persona procesada resulta ser inocente). Lamentablemente, los buscadores tanto de los medios como de internet no contribuyen a dar el contexto necesario para que se comprendan historias que en un comienzo se han publicado incompletas, respondiendo a la misma naturaleza de “verdad en construcción” con la que trabaja el periodismo.

En estas condiciones, Inés Pérez podría, por ejemplo, pedir que CHV –canal al que la justicia le ordenó un pago de 5 millones de pesos por daño moral- incluya la cuña completa de la polémica, pues considera que fue sacada de contexto.

El dictamen completo del Consejo de Ética AQUÍ.