Parece un mal chiste que en el umbral de una elección municipal que -muchos temenpueda ser histórica en términos de baja participación, casi medio millón de chilenos esté a punto de perder, en la práctica, su derecho a voto. Aunque sus nombres están registrados en alguna comuna del territorio nacional no es la comuna donde ellos se inscribieron para sufragar. Así, por ejemplo, un santiaguino que averigua que le toca votar en Iquique, sencillamente pierde la posibilidad de ejercitar su derecho.

No es un condoro para tomarlo a la ligera. Hay comunas cuyos alcaldes y concejales se deciden por márgenes mínimos. Es la legitimidad de nuestras autoridades la que está en juego. Por eso el Congreso se pone las pilas para aprobar en tiempo record una (original) disposición legal que solucione el entuerto: el nombre de los afectados estará duplicado en el padrón, para que puedan elegir si concurrir a las urnas donde los asignó el Servicio Electoral -de acuerdo a la información entregada por el Registro Civil- o bien donde lo venían haciendo antes del desbarajuste administrativo. Tiene su riesgo -porque podrían votar dos veces-, pero quien se vea tentado a hacerlo se expone a severos castigos.

El diputado Osvaldo Andrade (PS) ha señalado que la urgencia está en arreglar el pastelazo antes que en buscar culpables. Tiene razón. Agregó que en nuestro país se estaba instalando una “cultura” que cree que “los problemas se resuelven con renuncias”. En esto se equivoca. La verdadera cultura en nuestro país consiste en encogerse de hombros, apuntar para el lado y nunca jamás asumir una responsabilidad. Ese es nuestro deporte olímpico. Es el Chile donde mueren centenares de niños bajo la supuesta protección del Estado y nadie asume un mísero costo. Es el Chile donde 467 mil personas podrían verse privadas de ejercer su derecho político y todo lo que vemos es una teleserie de acusaciones mutuas entre servicios públicos, francamente vergonzoso. Obviamente, no es una tarea muy noble la de andar pidiendo cabezas en bandejas.

Las oposiciones siempre andan con el hacha afilada. Pero la función pública se sigue desprestigiando si los gobiernos no aplican los correctivos necesarios cuando los desaguisados son tan grandes.

Es el Chile donde 467 mil personas podrían verse privadas de ejercer su derecho político.