Oferta y demanda educacional

Juan Luis Ossa
Escuela de Gobierno
Revista Capital
 
Si durante las movilizaciones de los Pingüinos de 2006 se señalaba hasta el cansancio que el sistema de subvenciones estatales a colegios particulares había comenzado únicamente con el ingreso triunfal de los Chicago Boys y su implementación del sistema de vouchers, hoy, ochos años después, muy pocos ponen en duda que dicha relación puede remontarse incluso a la primera mitad del siglo XIX. Esto no quiere decir, sin embargo, que exista un consenso en torno a los beneficios y costos de la simbiosis Estado-privados en educación, como tampoco si aquella práctica ha sido verdaderamente exitosa.
 
En el siglo XIX lo que se subvencionaba no era la demanda, sino la oferta educacional. Es decir, las instituciones privadas debían requerir año a año el soporte del Estado, para lo cual las autoridades de los colegios solicitantes preparaban una suerte de dossier que, entre otras cosas, debía mostrar cómo se habían gastado los recursos asignados, la cantidad de alumnos que se había beneficiado con dicha práctica y los resultados académicos de la institución.
 
Con esta información, el Ministerio de Educación decidía si el establecimiento privado era o no merecedor de la ayuda del Estado al año siguiente, cuestión que, a juzgar por el aumento progresivo de instituciones subvencionadas (de 11 en 1892 se pasó a 405 en 1920), fue generalmente en aumento. En efecto, a pesar de que durante esos años el monto de las subvenciones nunca sobrepasó el 5% del total del presupuesto de Instrucción Pública, la regla fue apoyar consistentemente a la oferta. Esto no es de extrañar si consideramos la incapacidad del Estado de cubrir todo el territorio nacional con sus propias armas educacionales. Como dijera Federico Errázuriz Zañartu en 1865 desde su puesto de ministro de Instrucción Pública, “ya que el Estado no puede con sus propios recursos proveer en toda su extensión a las exigencias de la enseñanza provechoso es que proporcione estímulos y facilidades a los establecimientos de educación dirigidos por particulares”.
 
Esta situación se modificó radicalmente con el sistema de vouchers, pues desde entonces se comenzó a subvencionar a la demanda, no a la oferta educacional. Algunos de los argumentos para introducir aquel cambio son atendibles, en especial dos. En primer lugar, al financiar a los individuos se logró que una amplia y diversa gama de colegios saliera a la luz, ya que ahora eran las familias –con sus diferentes intereses, credos y opciones– las que elegían dónde matricular a sus hijos. La libertad educacional, en otras palabras, se vio beneficiada con esta política. En segundo lugar, la escolaridad aumentó considerablemente, pues por primera vez hubo incentivos (aparte de las pocas becas que el Estado otorgaba todos los años) para que nuevos contingentes de alumnos se acercaran a los colegios.
 
Ahora bien, es claro que la subvención a la demanda no ha solucionado el problema de la calidad. Una de las razones que explica esto es que algunos sostenedores (de ninguna manera la mayoría, pero sí algunos) han privilegiado el número de ingresos antes que la ejecución correcta del currículo educacional. Y ello, pues lo que verdaderamente le importa a dichos sostenedores es que el alumno asista al colegio (i.e. a pesar de que la subvención es a la demanda, ésta pasa por manos del sostenedor), no que consiga un rendimiento acorde con las necesidades del futuro mercado laboral del estudiante. Casos como los colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria y de fundaciones privadas sin fines de lucros (cuya calidad es innegable) son, en ese sentido, excepciones que hablan muy bien de sus autoridades pero que, lamentablemente, no dicen mayormente de lo que ocurre en el resto del país.
 
Me atrevo, entonces, a proponer una alternativa al sistema de vouchers por uno que mezcle lo mejor del sistema antiguo y el actual (esto lo digo en mi calidad de historiador; bajo ningún respecto como experto en la materia). Por un lado, se podría retomar la idea de que sean los sostenedores quienes soliciten directamente la subvención del Estado, para lo cual deberían mostrar –no anualmente, pero sí quizás cada tres años– resultados concretos de calidad. En caso de que las instituciones patrocinadas no cumplieran con los estándares señalados por el Ministerio de Educación (estándares de calidad objetivos antes que criterios ideológicos subjetivos), la subvención debería ser recortada o simplemente suprimida. A ello habría que agregar un incentivo a la demanda, no sólo por asistir al establecimiento correspondiente sino también por resultados precisos. El mérito sería, así, premiado por un monto razonable de becas de materiales y futuras matrículas universitarias que vendrían a aumentar el capital cultural de los alumnos.
 
Todo esto, por supuesto, no puede estar sujeto a los vaivenes coyunturales del gobierno de turno. Por el contrario, debe ser una política de Estado que combine al mismo tiempo la necesidad de contar con más y mejores establecimientos subvencionados en las zonas de mayor marginalidad social. El resto es música ideológica.
Juan Luis Ossa
Escuela de Gobierno
Publicado el Domingo, 18 Mayo 2014