Llevando la presión al máximo, el gobierno finalmente logró derribar el informe aprobado por la segunda comisión investigadora del caso Sename. Una operación que no tuvo el más mínimo cuidado de las formas, y donde lo único que primó fue la necesidad de diluir las responsabilidades políticas de la exministra Javiera Blanco, a quien el texto desestimado imputaba una “negligencia inexcusable”.
Vergonzosamente, el despliegue del Ejecutivo logró dar vuelta incluso el voto favorable de varios diputados oficialistas integrantes de dicha comisión, que terminaron a última hora rechazando los resultados del trabajo investigativo que ellos mismos habían realizado por casi un año. Así, luego de una intervención inédita en la historia reciente, la independencia de un poder del Estado y las prerrogativas fiscalizadoras que según la constitución son propias de la Cámara de Diputados, terminaron rodando por el suelo.
En rigor, los ministros del comité político fueron mandatados por la presidenta Bachelet para poner en marcha una desesperada maniobra de rescate de la ex titular de Justicia, un “lobby brutal” según la expresión usada por el diputado Ramón Farías, presidente de la instancia a cargo de la investigación. Como corolario de esta arremetida quedó instalado un precedente muy delicado para una institución que, entre otras cosas, tiene por función fiscalizar y establecer las responsabilidades políticas de los actos del propio gobierno, abriendo de paso interrogantes inevitables: ¿tienen los otros poderes e instituciones públicas “derecho” a ejercer presiones equivalentes a las que en este caso se arrogó el gobierno? ¿Pueden el día de mañana hacer lo mismo la Corte Suprema, la Fiscalía Nacional o las fuerzas armadas? ¿O el “lobby brutal” frente a la labor fiscalizadora de la Cámara Baja es un privilegio que debe entenderse sólo reservado a la Presidencia de la República? La contraparte todavía más grave de esta burda operación para socavar la independencia de un Poder del Estado es que ella -al final- resultó efectiva, es decir, un grupo de diputados estuvo dispuesto a dejarse presionar y modificó las convicciones a las cuales había arribado en función de los antecedentes conocidos en el marco de la investigación. De algún modo, el criterio de los fiscalizadores pudo en este caso ser vulnerado por quienes, se suponía, eran los fiscalizados, llegando las autoridades de gobierno incluso a darse el lujo de sostener que la investigación evacuada por la comisión era “excesiva” e “incompleta”.
En resumen, el espectáculo de esta semana en el Congreso sólo vino a consumar uno de los más serios esfuerzos realizados por el actual gobierno, con el objeto de debilitar la autonomía y las atribuciones del Poder Legislativo. De algún modo, logró imponer un límite claro y preciso a la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados, un límite que sus propios integrantes decidieron esta vez aceptar. Desde ahora y teniendo esto en cuenta, quizás lo adecuado y conveniente sería que la próxima vez los diputados no pierdan el tiempo en comisiones investigadoras cuyo resultado deberá ser desestimado por sus propios integrantes, en caso de existir un “lobby brutal” de algún órgano público. Así, el tiempo y el trabajo dedicado a una labor a la larga inútil, podrá ser dispuesto para algo más productivo que implique, entre otras cosas, un mejor uso de los recursos de todos los chilenos.