Sin ningún pudor, esta semana intentaron convencer al país de que un fallo del Tribunal Constitucional (TC) -que dejó sin efecto un artículo de la nueva ley de educación superior- venía a ‘reinstalar’ el lucro en las universidades privadas. Como si la eliminación del lucro fuera, de verdad, el objetivo de una ley reciente, un avance histórico debido exclusivamente a los esfuerzos realizados por el gobierno anterior.
Pero no: la ley que de manera clara y categórica prohibió el lucro en la educación superior es herencia de la dictadura militar, una norma que impide hacer lo que, a vista y paciencia de todos los gobiernos posteriores, algunas universidades han hecho sin ningún inconveniente. Ahora, entonces, los mismos que desde hace décadas han tenido frente al lucro una complicidad escandalosa, pretenden convencernos que el gran culpable de que siga existiendo es el TC, que dejó sin efecto un artículo de una ley que aun no rige, y no los que sistemáticamente se han negado a fiscalizar el incumplimiento de una ley vigente durante décadas.
Seguramente dirán que ese artículo era clave para dificultar la materialización de lo que la ley desde siempre prohíbe, pero ningún nuevo artículo va a poder impedir la concreción de aquello que las autoridades en realidad se niegan a sancionar. En rigor, la práctica del lucro en diversos actores del sistema de educación superior no es algo desconocido; al contrario, existen muy buenas investigaciones periodísticas al respecto (desde las realizadas por Ciper Chile al riguroso libro de María Olivia Monckeberg), que han expuesto de manera clara antecedentes hasta la fecha no desmentidos por nadie. Y, sin embargo, esta es la clave del asunto, ningún gobierno se ha encargado de fiscalizar en serio, y menos todavía, de imponer las sanciones que la ley contempla.
La causa de esta inexplicable inacción la esboza precisamente uno de los trabajos realizados por Ciper Chile en 2011 y cuyo título lo dice todo: “Los gobiernos toleraron el lucro en las universidades privadas”; es decir, al menos desde el retorno a la democracia, 28 años de los cuales la centroizquierda ha gobernado 24 y Michelle Bachelet 8, no se buscó fiscalizar y sancionar, sino al contrario: se ha tolerado una situación por todos conocida.
¿Las razones? En primer lugar, el importante grado de influencia que determinados grupos económicos consiguieron entre los actores políticos (es cosa de revisar la composición de las juntas directivas de la universidades privadas desde 1990 a la fecha); y en segundo término, la convicción de que perseguir y sancionar el lucro amenazaba la existencia de universidades en la actualidad muy masivas, una situación de alto riesgo político y social de la que ningún gobierno ha querido hacerse cargo. Corolario de ambas circunstancias: simplemente se optó por ‘tolerar’ aquello que una ley vigente prohíbe.
Así las cosas, buena parte de las pataletas, el griterío y las maldiciones lanzadas esta semana sobre el TC son en realidad un baile de máscaras, una farsa montada para la galería en una materia que genera alta rentabilidad política, y con la cual se busca al final culpar a otros de situaciones que durante largos años se prefirió dejar pasar.

Publicada en La Tercera.