La Carta Magna y la discusión constitucional en Chile

Cristóbal Bellolio

Escuela de Gobierno
Revista Capital

Ochocientos años cumplió la Carta Magna y los británicos le dedicaron una serie de actos conmemorativos. Recordemos que se trata de un documento –un tratado de paz, para ser exactos– que los nobles ingleses le impusieron al rey Juan Sin Tierra en el siglo trece para limitar las prerrogativas del poder monárquico, y en especial para mantener a raya la voracidad cobradora de impuestos de la corona.

Con la participación de la reina Isabel II en varias de las actividades oficiales, este 2015 Londres no perdió la oportunidad de recordarle al mundo la invaluable contribución que representa la Carta Magna para la narrativa política de la libertad.

¿Es posible hacer algún paralelo razonable entre la celebración multicentenaria de este documento histórico y la discusión que actualmente estamos teniendo en Chile sobre la eventual elaboración de una nueva constitución? Sin estirar mucho el chicle, son dos las dimensiones de análisis posibles. Anticipo que son dimensiones políticas y no necesariamente jurídicas, pues nuestra tradición legal tiene poco que ver con la anglosajona.

En un primer sentido, es interesante observar cómo muchos partidarios de la derecha política chilena se apuraron a observar la eterna vigencia de la Carta Magna como una manera de realzar la importancia de la estabilidad. Por supuesto, el argumento tiene intencionalidad política en el contexto actual: pretende contener la ansiedad constituyente de la izquierda.

Sin embargo, apuntar a la longevidad como principio determinante es insuficiente. La Carta Magna goza del prestigio histórico que goza porque abre un proceso que gradualmente va desembocando en la idea clásica de derechos humanos. Su valor reputacional está en su carácter de hito originario. En esa dimensión, es motivo de orgullo para los británicos.

La pregunta que la derecha chilena podría hacerse a sí misma es si acaso la Constitución de 1980 posee la misma estatura reputacional ante los ojos de la ciudadanía. La respuesta no pareciera ser afirmativa. Por el contrario, todo indica que tenemos un serio problema de afectos constitucionales. Incluso a pesar de sus reiteradas modificaciones, el texto vigente no despierta el sentido de lealtad, pertenencia o identidad que en otras latitudes sí genera la ley fundamental. El caso de Estados Unidos es probablemente el más llamativo: una constitución de doscientos años que sus ciudadanos siguen venerando como la expresión suprema de los principios que rigen su convivencia. Del mismo modo, la Carta Magna recibe honores y en su nombre se brinda por la patria.

Por cierto, lo anterior no garantiza que un proceso constituyente en Chile dará origen a un texto que amaremos como a un hijo. El desafío de la izquierda es convencer a la derecha de que al menos hay una interesante posibilidad de revitalizar los afectos constitucionales a partir de un nuevo pacto político y social. Los mecanismos en disputa –asamblea, congreso o comisión de expertos– pueden a su vez ser evaluados de acuerdo a su hipotética capacidad de producir ese vínculo simbólico que supera la dimensión estrictamente jurídica.

En un segundo sentido, es importante tener a la vista que la Carta Magna es sobre todo un cortafuego a la arbitrariedad de la autoridad. Dicho en otros términos, es la consagración de un catálogo de derechos y garantías individuales de no interferencia estatal. Dicho discurso ideológico de corte liberal clásico se aleja de la idea que tiene la izquierda chilena en mente a la hora de acometer el proceso constituyente.

En efecto, parte del combustible que mantiene a flote esta cruzada es la promesa de una ley fundamental que habilitará al poder político para desarrollar muchas más funciones de las que hoy realiza. De ahí, por ejemplo, la asonada contra el principio de subsidiariedad. Desde ese punto de vista, los experimentos que han llevado a cabo nuestros vecinos venezolanos o ecuatorianos han transitado en una dirección ligeramente opuesta a la de la Carta Magna. Es decir, han concentrado el poder en la autoridad presidencial en desmedro de la protección del individuo en áreas como libertad de expresión o debido proceso.

Por cierto, no todo cambio constitucional requiere un retroceso en materia de libertades personales o “negativas”. La izquierda chilena bien podría retrucar que su proyecto contempla un ejercicio de adición: además de las garantías de no interferencia, la población gozará de derechos sociales que funcionan como mandatos de optimización de los recursos del poder político. Éste es, por supuesto, un lenguaje desconocido en los términos de la Carta Magna. Es un desafío al minimalismo constitucionalista liberal, pero no necesariamente incompatible con él.

En esta perspectiva, el gobierno conservador de David Cameron también fue acusado de incoherencia al subirse al carro de las celebraciones por la Carta Magna, pues en el último tiempo ha patrocinado una serie de iniciativas –por ejemplo, en materia de vigilancia– que van en contra del espíritu del histórico documento. Tal como en el caso latinoamericano, podría haber cierta incongruencia al aplaudir las virtudes de una piedra angular en la lucha por restringir el poder del monarca, mientras al mismo tiempo se legisla para ampliar su ámbito de atribuciones.
 

Cristóbal Bellolio
Escuela de Gobierno
Publicado el Viernes, 26 Junio 2015