La agonía del Mamo y los desafíos de la “nueva” derecha

Cristóbal Bellolio

Escuela de Gobierno
El Mostrador

Escribo estas líneas mientras Manuel Contreras agoniza en el Hospital Militar. Su inminente deceso ha dado origen a una inédita discusión al interior de la derecha chilena: si acaso el “Mamo”, jefe de la policía secreta de la dictadura y sobre quien recaen múltiples condenas por violaciones a los Derechos Humanos, merece morir con los honores castrenses que corresponden a su investidura de General de Ejército. En estricto rigor, son dos debates distintos: uno se refiere a las solemnidades de su funeral y otro a la posibilidad de degradarlo pre o póstumamente. Lo primero estaría más o menos resuelto a partir de un instructivo del propio Ejército que elimina los honores militares en caso de uniformados que carguen con este tipo de condenas. Sin embargo, ambas cuestiones se han fundido ante los ojos de la opinión pública y en ese sentido trataré la discusión como una sola.

Fue nada menos que el senador Hernán Larraín –el presidente de la UDI que hace poco dijo no sentirse de derecha- quien abrió el debate confesando que “quisiera que Manuel Contreras no muriera como general”. Su colega de RN, Manuel José Ossandón, respaldó el sentimiento: “el general Contreras no debe ser general y hay algunas personas que perfectamente pueden ser degradados”. La idea no cayó bien en el gremialismo. El sempiterno diputado por Talcahuano, Jorge Ulloa, señaló que no había espacio para hacer excepciones y por ende a Contreras se le debían rendir honores militares como a cualquier otro de su rango. La jefa de bancada UDI, María José Hoffman, también desestimó la degradación del viejo líder de la DINA. En la misma línea argumentó Jacqueline van Rysselberghe, nada menos que la presidenta de la comisión de DDHH del Senado. El portazo final a la idea de Hernán Larraín lo pegó el incombustible Hermógenes Pérez de Arce, quien prácticamente lo mandó a callar.

Permítanme hacer algunas observaciones a partir de esta diferencia de opinión en el seno de la derecha, en el marco de la relación de este sector con la memoria histórica nacional.
Para comenzar: cualquier intento por refundar el sector pasa por cortar definitivamente los vínculos afectivos con la dictadura. Si la generación que participó directa o indirectamente en el régimen de Pinochet no puede hacerlo, entonces que dé un paso al costado y permita la germinación de brotes verdes descontaminados de cualquier tipo de complicidad con las atrocidades cometidas. El diputado Felipe Kast, por ejemplo, pidió el fin de todo pacto de silencio que impida a los familiares de las víctimas conocer el destino de sus seres queridos perdidos a manos de agentes del estado. Añadió que ese oscuro registro “tiene que causarnos un dolor como referente, un dolor en nuestra historia”. Por petición del colectivo Amplitud –que técnicamente no está en la coalición de derecha pero proviene de esa costilla- la comisión de Defensa de la Cámara acordó citar a los Comandantes en Jefe de las FFAA para aclarar la existencia de estos supuestos pactos de silencio. Son dos casos puntuales que se unen al espíritu de las palabras del senador Larraín y van en el sentido correcto de la historia.

Por supuesto, las críticas vienen de lado y lado. En la derecha más dura, los que reniegan de su apoyo a la dictadura son tachados de “traidores” y “cobardes” –así fue como se refirió expresamente el hijo de Manuel Contreras a Hernán Larraín. Desde la izquierda, la primera intuición es desconfiar de la sinceridad de quienes se desmarcan de su pasado. “Oportunistas” es lo más suave que se escucha. Pero una derecha decente, moderna y democrática no debiera amilanarse ante esta (esperable) reacción. Por una parte, porque la consecuencia que pide el pinochetismo como expresión de virtud política está sobrevalorada. La verdadera valentía está en reconocer los errores (y horrores) y estar dispuesto a cambiar de mirada respecto de la evaluación moral que sobre esos hechos recae. Por la otra, porque al sistema político chileno le hace bien tener una derecha incuestionablemente comprometida con la defensa de los DDHH con independencia de las suspicacias de la izquierda. En el agregado, sube el estándar.

El senador RN Baldo Prokurica señaló que la exacerbación de este tema era rentable para la unidad de la Nueva Mayoría pero malo para el país. En un sentido estrictamente descriptivo, tiene algo de razón: si hay algo que une a la izquierda chilena es el repudio a la dictadura. La pregunta relevante es si acaso la derecha ha hecho algo en los últimos 25 años para disputar esa rentabilidad política. Y la respuesta es negativa. Es enteramente razonable que la izquierda chilena se niegue a mirar a su adversario ideológico desde una plataforma de equivalencia ética. No sólo porque le conviene políticamente sino porque la derecha ha dado muy pocas señales de empatía genuina respecto del anhelo de justicia de las víctimas. Es sintomático que Prokurica no dimensione las equivocaciones de su generación en la producción de este escenario estructuralmente desnivelado en contra de su sector. Ha sido justamente la incompetencia política de dos décadas en este tema la que ha puesto sobre las nuevas generaciones de derecha una mochila pesadísima a la hora de enfrentar estos cuestionamientos históricos. ¿Quieren que el drama de las violaciones a los DDHH deje de ser rentable para la izquierda?

Pues pónganse a la altura y arrebátenle ese monopolio en buena lid. La persistencia de los Ulloa es el recordatorio de una generación egoísta que en el fondo no quiere que sus ideas prevalezcan democráticamente. Cualquier lloriqueo por Cuba o Venezuela –aunque teóricamente justificado- queda automáticamente descalificado si no se comienza por casa.

Es posible, finalmente, que el principal obstáculo de este corte con la tradición apologética de la derecha respecto de la dictadura no esté en la dimensión política sino económica.

Ya lo decía esa especie de pensamiento hablado del empresariado chileno que es César Barros: “el Ejército ha hecho tantas cosas buenas por Chile que tiene derecho a haber cometido muchos errores”. Respaldar la degradación de militares condenados por delitos de lesa humanidad no es tan difícil. Es un piso mínimo, incluso. Más complejo es reexaminar la legitimidad de un modelo económico impuesto por la vía de las armas. Ello no implica que la derecha no pueda abrazar las virtudes de una economía de mercado; significa que la justificación del modelo debe construirse intelectualmente por separado. Es un ejercicio evidentemente incómodo para quienes se enriquecieron –directa o indirectamente- gracias a la dictadura: ¿cómo rechazar la sangre si al mismo tiempo se acepta la plata? La tarea de cualquier derecha que se precie de “nueva” es promover esta reflexión interna y eventualmente minimizar la influencia de opiniones como las de Barros.

 

Cristóbal Bellolio
Escuela de Gobierno
Publicado el Lunes, 10 Agosto 2015