Gratuidad: progresistas de cartón

Cristóbal Bellolio

Escuela de Gobierno
Revista Capital

Cuando el gobierno envió sus primeros proyectos de ley para dar cumplimiento a la reforma educacional prometida, muchas voces se alzaron para cuestionar su orden de prioridades. La propia Presidenta reconoció, tiempo después, que su primera intuición había sido despachar las iniciativas correspondientes al fortalecimiento de la educación pública municipal. Pero nadie pudo reprocharle al oficialismo algún pecado de incoherencia doctrinaria. En efecto, en el programa ideológico de la Nueva Mayoría siempre fue central combatir la lógica de la educación de mercado, aquel edificio socio-institucional donde el diferencial en la capacidad de pago de las familias se traduce invariablemente en segregación escolar. El gobierno arriesgó mucho en la jugada –y la ruidosa irrupción de grupos de apoderados de colegios particulares subvencionados que defendieron el copago es testimonio de aquello– pero al mismo tiempo exhibió una osada convicción.

Con el proyecto actual de gratuidad universitaria –que comenzaría a implementarse en la matrícula 2016– sucede otra cosa. Los rectores Montes, Peña y Benítez han hecho el punto reiterada y correctamente: si la idea es favorecer a los estudiantes más vulnerables del país, no es razonable excluir del beneficio a quienes estudian en planteles privados de educación superior (precisamente porque, en el agregado, es justamente ahí donde están matriculados los estudiantes más pobres). Esta crítica no debe entenderse como un cuestionamiento a la gradualidad –no es tan difícil entender que a veces sencillamente los recursos no alcanzan para hacerlo todo de un tirón– sino a la justificación de un tipo de gradualidad que ubica a los estudiantes de universidades del CRUCh por sobre sus compañeros, aquellos que tuvieron la mala idea de “preferir” universidades creadas después de 1980.

El mismo gobierno que fue valiente en enfrentar el modelo de financiamiento compartido –profundamente arraigado en la clase media aspiracional chilena– careció en cambio de esa valentía a la hora de enfrentar al cartel de universidades agrupadas bajo el denominador común de la “tradición” (pues ni siquiera obtienen la prelación por ser “estatales”). Paradójico que un sector político que gusta de autodenominarse “progresistas” se rinda tan fácilmente ante las credenciales del tradicionalismo y el peso de la historia, en lugar de perseverar en el anhelo –típicamente progresista– de reconfigurar los márgenes de lo posible en aras de construir una sociedad más justa. Dicho de otra manera, la administración Bachelet optó por una estrategia genuinamente conservadora.

¿Qué habría sido más progresista? Probablemente, habría sido necesario bajar el umbral de estudiantes favorecidos por la medida al interior de las universidades del CRUCh, pero ese diferencial podría haber beneficiado a los estudiantes más vulnerables de otras instituciones de educación superior, técnica o universitaria. No sólo habría sido más progresista en términos de desafiar una institución cuya legitimidad descansa en el paso del tiempo, sino que además habría sido más coherente con las banderas igualitarias que dicen portar.

Si la idea es reducir las brechas y dar una mano a las familias que más lo necesitan, la estrategia del gobierno es poco defendible en lo normativo.

Por cierto, no todo es consistencia normativa. El realismo –palabra de moda– también implica actuar tomando en consideración el escenario presente. Una presidenta seriamente debilitada y una conducción política en entredicho no invitan a la osadía ni al espíritu refundacional del progresismo. Para evitar las olitas, a veces es recomendable sacrificar los principios y dar en el gusto a los grupos que han capturado más poder. En ese sentido, La Moneda y el Mineduc pueden haber calculado que no era buena idea abrir un foco de conflicto con el CRUCh o con la propia Confech, que para estos efectos ha optado convenientemente por representar los intereses de una fracción de sus confederados, dejando a los estudiantes de instituciones privadas a su suerte. Por lo mismo, la aparición de un referente que agrupa a la dirigencia estudiantil de planteles privados (Ofesup) es un síntoma interesante: a diferencia de la defensa del financiamiento compartido que hizo Confepa en 2014, la Ofesup le pide al gobierno que viva a la altura de sus ideales, aquellos que supuestamente apuntan a obtener mayores niveles de igualdad.

Finalmente, tanto la derecha aliancista como el llamado centro liberal han tenido problemas para articular un discurso en nombre de los miles de estudiantes discriminados por el gobierno. A fin de cuentas, ellos siempre se han opuesto a la gratuidad como principio, bajo el argumento de que se trata de una política pública regresiva y que dichos recursos debiesen concentrarse en educación escolar y preescolar. Por eso les resulta intelectualmente incómodo salir a exigir al gobierno que extienda o modifique las condiciones habilitantes de un beneficio cuya justicia, en el fondo, disputan. Algunos incluso prefieren guardar silencio, en el convencimiento de que es mejor que la gratuidad universitaria cubra a la menor cantidad de estudiantes posibles. Otros, en cambio, se resignaron a que la gratuidad será una realidad con o sin su consentimiento y han decidido batallar para que, al menos, sea una reforma que se implemente en forma coherente con sus propios objetivos.

 

Cristóbal Bellolio
Escuela de Gobierno
Publicado el Viernes, 24 Julio 2015