Desde hace ya unos años que los lingüistas plantean que el “lenguaje puede (y debe) construir la realidad”. Algo no muy distinto ocurre entre los estudiosos de la historia del derecho, la mayoría de los cuales sostiene que la “norma modifica y construye realidades”, tanto o más que la costumbre o la política cotidiana. No estoy convencido de que ambas cosas ocurran realmente en la práctica, como tampoco que la posición de estos académicos sea positiva y deseable.

Lo que ocurre con el castellano es sintomático de lo anterior. Cada vez es más frecuente toparse con escritos que remarcan la necesidad de que cada párrafo, cada línea y cada idea deben ser genéricamente neutros o “inclusivos”. En los tiempos que corren es poco común, y por supuesto mal visto, utilizar el masculino para referirse tanto a hombres y mujeres (“ellos”, “nosotros”), a pesar de que desde hace siglos así lo dice la regla gramatical.

Esto ha provocado una innecesaria complicación de la escritura y la lectura. Tomemos el ejemplo del proyecto de reforma de pensiones que el Gobierno envió hace unas semanas al Congreso. En una de sus partes dice: “El Sistema de Ahorro Previsional Colectivo se financiará […] de cargo de la empleadora o del empleador en el caso de las y los trabajadores dependientes y del propio trabajador o trabajadora en el caso de los y las independientes”. En aras de la corrección política y de lo “inclusivo”, un párrafo que debió ser de veintinueve palabras terminó siendo de treinta y nueve, es decir, casi un 35% más largo. En un país cuya comprensión de lectura es dramáticamente baja, me pregunto si no sería mejor ser más directos y simples.

Pero la obsesión por el “ellas y ellos” contiene otros problemas. El papel impreso que se consume en las reparticiones públicas es significativamente mayor, un tema que debería importar a los “inclusivos” de aquí y allá. Asimismo, cabe preguntarse si este tema no está acaso vinculado a cuestiones económicas un tanto espurias. Los llamados Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) premian con un “incentivo de carácter monetario” el cumplimiento de metas, una de las cuales es el uso del enfoque de género (el Ministerio de Educación es conocido por su “unidad de género”). Es decir, una intervención supuestamente loable está teñida por un componente que poco o nada tiene que ver con cuestiones de inclusión.

Concluyo con más dudas que al comienzo respecto a la posibilidad de que estos cambios gramaticales tengan efectos prácticos. No creo que vaya a haber mayor movilidad ni inclusión social porque utilicemos un lenguaje con estas características. Tenemos problemas mucho más acuciantes como para detenernos en cuestiones simbólicas de una efectividad al menos dudosa.

Publicado en La Segunda.