El titular de Economía -Luis Felipe Céspedes- decidió no pronunciarse en el Comité de Ministros sobre el proyecto minero-portuario Dominga, argumentando que dicha instancia no tuvo a tiempo los antecedentes para resolver de manera seria e informada. En los hechos, la autoridad reconoció de manera implícita que, al rechazar un proyecto de US$ 2.500 millones, los integrantes de dicho comité resolvieron prácticamente a ciegas, sin exigir lo mínimo necesario para poder ejercer sus atribuciones de manera responsable. Si quedó alguna duda de la actitud negligente denunciada por el ministro, dos días después el subsecretario de Hacienda -Alejandro Micco- lamentó que en este caso se hubieran tomado ‘decisiones apresuradas’.
A lo insólito que resultó escuchar a miembros del gabinete denunciando las irresponsabilidades de su propio gobierno, se agrega el que esas opiniones no fueran oficialmente desmentidas y que dichas autoridades, además, sigan en sus cargos. Una señal que confirma lo poco que a la Presidenta y a sus colaboradores les preocupa en la actualidad el destino del Ejecutivo. En la misma lógica, hace dos semanas el equipo asesor de la Mandataria la expuso a tener que reconocer que no conocía el informe de productividad asociado al proyecto de reforma previsional; un informe cuya seriedad intentó además poner en duda, ya que también ignoraba que fue elaborado por sus propios ministros y que ese mismo día estaba de titular en los principales diarios. Michelle Bachelet terminó entonces reconociendo que esa mañana no tuvo tiempo de leer la prensa.
Pero no solo el gobierno ha sido didáctico para ilustrar la forma en que toma decisiones en materias relevantes. También los partidos políticos fueron elocuentes a la hora de tener que cumplir con la ley de cuotas, es decir, con la legislación que los obliga a tener al menos un 40% de candidaturas femeninas en su plantilla parlamentaria. Una iniciativa cuyo sentido era reforzar la participación de las mujeres en política, pero que terminó en muchos casos siendo usada como un mecanismo para eliminar el riesgo de competencia a sus compañeros de lista, poniendo a mujeres de mínima o nula viabilidad electoral. Así, un sincero esfuerzo por avanzar en equidad de género en el Congreso es debilitado y desdibujado por los mismos que apoyaron con sus votos dicha modificación.
Por último, esta semana se escuchó a Alejandro Guillier y Carolina Goic reclamar por los problemas de financiamiento de sus campañas presidenciales, cuando ellos estuvieron también entre quienes discutieron y aprobaron la nueva legislación. En efecto, los que hicieron de la separación entre dinero y política un estandarte ideológico, los que exigían con toda razón acabar con la influencia de los empresarios en los eventos electorales, ahora no tienen problema en cuestionar a los bancos por no querer correr el riesgo reputacional de prestarles dinero.
Al final del día, autoridades de gobierno que hacen ostentación de tomar decisiones de manera desinformada, y parlamentarios que no asumen las consecuencias de las leyes que aprueban, le generan al país un daño enorme.Un daño político e institucional que, según muestra la experiencia comparada, se hace cada día más difícil poder revertir.