Hace unos días, vivimos una seguidilla de sismos que -aparte del susto y alarma general-, afortunadamente no alcanzaron a provocar un desastre natural, en este caso, un terremoto. Y la semana pasada, en Chañaral, Copiapó y Ovalle -merced a las incesantes lluvias-, se repitieron escenas de aluvión o destrucciones que se repiten continuamente.
A partir de ello, cabe señalar que todos los fenómenos indicados constituyen desastres provocados en su origen por la naturaleza, que generan una serie de peligros (donde esencialmente no hay intervención humana en ellos). Sin embargo, a ese peligro natural, hay que sumar el riesgo, que tiene un origen basado en acciones u omisiones: construir mal, construir donde no se debe, no fiscalizar, no sancionar; por lo que detrás de un riesgo siempre hay, ineludiblemente, una tecnología, y detrás de ella siempre hay un conjunto de decisiones humanas. No somos, por tanto, responsables frente a los peligros de origen natural pues no los hemos generado, pero sí somos responsables frente a los riesgos.
Cabe así, hacerse algunas preguntas. Si hay una mediana certeza acerca que la ocurrencia de terremotos, incendios, sequías regulares y aluviones ¿no será mejor prever, que atender la catástrofe?, o ¿no será mejor planificar, en vez de improvisar?
Para ello, todas las áreas del conocimiento deben realizar su contribución: la Ingeniería, la Economía y el Derecho, a las cuales pueden añadirse la Sociología, el Periodismo, la Psicología entre otras.
Luego, desde la regulación -a lo menos- lo que corresponde es identificar jurídicamente los riesgos, establecer instrumentos de gestión de esos riesgos, y fijar las responsabilidades.
Como consecuencia de ello, mínimamente debieran considerarse los siguientes elementos: contar con Planes Regionales de Ordenamiento Territorial en todas las regiones del país, que identifiquen las zonas riesgosas e integren ese elemento en las normativas de los planes reguladores comunales sin excepción; a partir de ello, programar y desarrollar infraestructura para reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales; reubicar asentamientos precarios ubicados en zonas peligrosas derivadas de posibles aluviones, inundación, incendios, marejadas, tsunamis y otros; y descentralizar la gestión de las emergencias, creando oficinas regionales de la ONEMI que puedan coordinarse más rápidamente con los gobiernos regionales y locales.
Ojalá que la siguiente vez que enfrentemos un desastre natural, estemos mejor preparados.