Desafíos de las medidas alternativas a la prisión

Isabel Retamal
Escuela de Periodismo
La Segunda

Columna escrita junto a Javiera Blanco.

En Chile, más de 51 mil personas (50% de los condenados) se encuentran cumpliendo alguna medida alternativa a las penas restrictivas de libertad. Esto contrasta con lo que sucede a nivel comparado. En España, por ejemplo, se dictaron el año 2009 más de 200 mil condenas a medidas alternativas (70% de los condenados), y en Inglaterra la cifra superó las 175 mil personas (65%).


Las medidas alternativas no sólo se consideran un avance en materia de humanización de las condenas, sino que —bien diseñadas e implementadas— implican grandes beneficios en materia de seguridad pública, al convertirse en una alternativa real de control y rehabilitación frente a la respuesta penal, reduciendo la reincidencia en la población infractora.


En nuestro país, la reformulación del actual sistema de medidas alternativas, de modo de instalar una institucionalidad y un presupuesto ad hoc, es una necesidad prioritaria, y en este sentido se valora el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Justicia al impulsar las modificaciones a la Ley Nº 18.216. Lograr una percepción favorable de la sociedad civil, informándola sobre los beneficios de esta iniciativa legal, constituye uno de los principales desafíos, en cuanto a entender que no se está frente a un beneficio carcelario, sino que ante una sanción que debe ser cumplida.


Destacables también son otras dos reformas legales: la que establece la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión para casos de incumplimiento de la pena de multa, y aquella que otorga un indulto conmutativo y que beneficiará, entre otros, a mujeres que hayan cumplido dos tercios de sus penas y, especialmente, a aquellas que además tengan hijos menores de 2 años.


Estas propuestas de modificación al sistema de medidas alternativas —hoy penas sustitutivas— y la incorporación de nuevas figuras, como los trabajos en beneficio de la comunidad, deberán rendir prueba de eficiencia y eficacia ante la ciudadanía, para comprobar los éxitos asociados y demostrados en otros lugares del mundo. Por ello, prioritario y desafiante será el seguimiento y cumplimiento que se dé respecto de ellas.


En este último sentido, se insiste en la necesidad de avanzar, en el mediano plazo, hacia un modelamiento de la institucionalidad que debiera estar a cargo de administrar y supervisar todas estas medidas en libertad, y, en el corto plazo, en el reforzamiento del Departamento de Tratamiento en el Medio Libre, dependiente de Gendarmería.

 

Isabel Retamal
Escuela de Periodismo
Publicado el Miércoles, 21 Septiembre 2011