Misión de Codelco: “Desplegar en forma responsable y con excelencia, toda nuestra capacidad de negocios mineros y relacionados en Chile y en el mundo, con el propósito de maximizar en el largo plazo nuestro valor económico y los respectivos aportes al Estado”. Clarísimo y muy sensato, dirá usted. Mal que mal hablamos de una empresa, siendo de sentido común que sea gestionada en pos de maximizar el valor para sus accionistas, en este caso todos los chilenos. Sin embargo, esto podría estar en riesgo a juzgar por una serie de pronunciamientos recientes de la Contraloría General de la República (CGR).
Apelando a los principios de “eficiencia, eficacia y probidad”, propios del derecho administrativo, la CGR pone en duda las facultades de Codelco para negociar colectivamente sus planes de retiro. Un precedente que puede comprometer su gestión de recursos humanos. Si bien el marco legal de la cuprífera es explícito en que sus relaciones laborales se rigen por el Código del Trabajo, la CGR advierte que ello supone una “libertad de disposición patrimonial de la cual carecen quienes administran recursos públicos”, como sería el caso de Codelco.
La CGR también sugiere que, en materia de adquisiciones y contratos de servicios, la empresa debe operar aplicando los principios que reglan las compras públicas y que rigen a los organismos del Estado. En efecto, señala que “los contratos administrativos se celebrarán, por regla general, previa propuesta pública, por lo cual la corporación deberá tender a que sus negocios sean realizados bajo dicha modalidad”.
A partir de los cambios legales de 2009 -requisito de acceso de Chile a la OCDE- se introdujeron mejoras sustanciales en pos de la función empresarial de la empresa. Entre otras, un nuevo gobierno corporativo y el regirse por la ley de S.A. en un amplio espectro de temas. Estos valiosos cambios contribuyeron, por ejemplo, a que la empresa cerrara prontamente con éxito y sendas utilidades el diferendo que mantuvo con Anglo American en 2012. Y en años recientes, bajo el liderazgo de su presidente y presidente ejecutivo (que ojalá se mantuvieran en el próximo gobierno), a una importante reducción de costos (incluyendo la desvinculación de 1500 trabajadores) y avances en transparencia y manejo de conflictos de interés.
Los principios invocados por la CGR ponen en jaque cuestiones esenciales para esta senda de mejor gestión. Porque la pregunta de fondo es si Codelco, tal cual lo ha expresado su presidente Oscar Landerretche, debe manejarse con criterios empresariales o bien ser tratada como un servicio público. Una pregunta que, por cierto, también aplica al resto de las empresas públicas. De ahí la máxima importancia de este asunto.
La cuestión obvia es el porqué de estas diferentes interpretaciones. La CGR no actúa en el aire, sino que apelando a su lectura del marco legal. Parte de la explicación puede tener que ver con nuestra maraña regulatoria y las contradicciones normativas que en ella corren el riesgo de generarse. De ser así, es fundamental que el Parlamento, sin buscar una ganancia política de corto plazo, contribuya a clarificar este embrollo a través de precisiones legales. Porque, al final del día, lo único claro es que si las empresas estatales deben ser administradas como servicios públicos, mejor bajemos la cortina.